La mandataria esperará la elección de la Presidencia de la Corte en octubre; Aguirre objeta que una reunión política imponga metas al Poder Judicial.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La presidenta Laura Fernández descartó volver a convocar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, después de que el magistrado rechazara asistir a una reunión de Supremos Poderes prevista para el viernes 21 de agosto. La decisión profundiza el enfrentamiento político entre ambos jerarcas, aunque no constituye una ruptura formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Fernández dijo en una entrevista con Noticias Monumental que mantendrá su trabajo en materia de seguridad, pero que dejará de insistir en una nueva convocatoria a Aguirre. La mandataria añadió que esperará la elección que la Corte debe realizar en octubre para definir su Presidencia antes de valorar otro acercamiento institucional.
La declaración modifica el escenario que existía apenas dos semanas antes. El 9 de agosto, Fernández había propuesto reactivar reuniones periódicas entre los jerarcas de los Supremos Poderes y posteriormente fijó para el 21 de agosto una sesión de trabajo en Casa Presidencial destinada a discutir seguridad.
Aguirre objetó metas y plazos, no la coordinación entre poderes
La controversia se originó en el formato planteado por Casa Presidencial.
Fernández propuso que la reunión sirviera para definir metas, plazos y responsabilidades de los poderes de la República frente a los problemas de seguridad. También planteó que el encuentro fuera transmitido en vivo por las redes sociales institucionales.
Aguirre respondió mediante el oficio 326-P-2026 que no asistiría bajo las condiciones planteadas. Su argumento central fue que un espacio político entre jerarcas puede utilizarse para compartir información, detectar problemas comunes y coordinar esfuerzos, pero no para establecer metas o plazos que comprometan la independencia del Poder Judicial.
La distinción es relevante porque días antes el propio presidente de la Corte había recibido favorablemente la idea general de retomar reuniones entre los Supremos Poderes. El 10 de agosto expresó disposición al diálogo, siempre que existieran reglas claras y respeto a las competencias constitucionales de cada institución.
Por ello, la negativa del 20 de agosto no puede interpretarse como un rechazo absoluto al diálogo institucional. El conflicto está en quién puede fijar compromisos al Poder Judicial y bajo qué mecanismo.
Casa Presidencial suspendió toda la reunión tras la negativa de la Corte
El encuentro estaba programado para las 10 a. m. del viernes 21 de agosto en Casa Presidencial.
Después de recibir la carta de Aguirre, Presidencia decidió suspender la actividad completa. El Ejecutivo comunicó que continuaría conversando con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien había mostrado disposición a participar.
Fernández interpretó posteriormente la ausencia de Aguirre como un “desplante” y dijo sentirse irrespetada. En la entrevista del viernes sostuvo que no volverá a convocarlo y pidió que los antecedentes sean considerados cuando el Poder Judicial tenga que escoger a su presidente en octubre.
La referencia a octubre introduce un límite concreto a su decisión. Fernández no anunció que el Ejecutivo renuncie de manera permanente a las reuniones de Supremos Poderes ni que suspenda toda coordinación con instituciones judiciales. Su declaración se dirige al actual presidente de la Corte y deja abierta la evaluación de una nueva convocatoria después de la elección interna.
La relación entre Casa Presidencial y la Corte ya había acumulado fricciones
La reunión frustrada forma parte de una secuencia de desacuerdos entre ambas instituciones durante los primeros meses del gobierno de Fernández.
En mayo, pocos días después de asumir la Presidencia, Fernández sí reunió en Casa Presidencial a Aguirre y otras autoridades judiciales, entre ellas representantes del Ministerio Público y del OIJ, para discutir seguridad y narcotráfico.
La relación comenzó a deteriorarse posteriormente. En julio, el Poder Judicial rechazó participar en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada por el Ejecutivo, al considerar que parte de la agenda incluía asuntos que podían afectar competencias jurisdiccionales y la independencia de criterio.
En agosto, Fernández volvió a plantear encuentros entre los jerarcas de los poderes. Aguirre acogió inicialmente la posibilidad y señaló que la coordinación debía desarrollarse sin que un poder ejerciera autoridad sobre otro.
El desacuerdo reapareció cuando Casa Presidencial detalló que la sesión del 21 de agosto buscaría establecer metas, plazos y responsabilidades. Para Aguirre, ese diseño excedía lo que considera compatible con la autonomía del Poder Judicial.
Octubre se convierte en el siguiente punto de la disputa institucional
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia debe ser definida nuevamente por Corte Plena en octubre, y Fernández vinculó expresamente ese proceso con la posibilidad de reconsiderar futuras reuniones.
Eso convierte la elección interna de la Corte en el próximo hito político de esta disputa, aunque la decisión corresponde exclusivamente al órgano judicial y no al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las instituciones continúan obligadas a coordinar en múltiples áreas por medio de los mecanismos establecidos legalmente, independientemente de la relación política entre sus máximos jerarcas.
El episodio tampoco elimina la posibilidad de coordinación operativa en seguridad entre organismos como el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. La diferencia abierta esta semana se concentra en el nivel político y en la naturaleza de las reuniones de los presidentes de los poderes.
La cuestión pendiente será si el diálogo se recompone antes de octubre por otro mecanismo o si Casa Presidencial mantiene la decisión anunciada por Fernández y espera a conocer quién encabezará la Corte Suprema de Justicia para plantear una nueva etapa de interlocución.
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