La medida alcanza productos valorados en unos US$20.000 millones y abre una nueva fase de represalias entre dos economías estrechamente integradas.
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS — Estados Unidos comenzó este sábado a aplicar un arancel adicional del 50% a una selección de productos importados desde Canadá después de que las negociaciones de última hora concluyeran sin acuerdo, una escalada que Ottawa anunció que responderá con medidas equivalentes y que añade incertidumbre a una de las relaciones comerciales más importantes de Norteamérica.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos había estimado en julio que las medidas alcanzarían cerca de US$20.000 millones en importaciones canadienses. El gobierno del primer ministro Mark Carney, por su parte, señaló el viernes que Washington pretendía gravar aproximadamente $28.000 millones en bienes y confirmó que Canadá igualaría los aranceles “dólar por dólar”.
Las cifras no deben interpretarse automáticamente como incompatibles. La documentación estadounidense expresa el valor afectado en dólares de Estados Unidos, mientras la comunicación de Ottawa utiliza la cifra difundida desde Canadá. Mantener esa distinción es relevante para dimensionar correctamente el alcance de las medidas.
La Casa Blanca fundamentó los nuevos gravámenes en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que permite al presidente estadounidense imponer derechos adicionales de hasta 50% cuando determina que otro país discrimina o coloca en desventaja al comercio de Estados Unidos.
El arancel del 50% afecta una lista específica, no todas las exportaciones de Canadá
La tasa es elevada, pero su alcance requiere una precisión: no significa que Estados Unidos haya colocado un arancel general del 50% sobre todos los bienes procedentes de Canadá.
Las acciones anunciadas por Washington se dirigen a determinadas categorías de productos. La administración estadounidense ha vinculado la medida con disputas sobre vehículos, bebidas alcohólicas y productos lácteos, mientras otras mercancías incluidas en las acciones arancelarias abarcan diferentes bienes de consumo y manufacturas.
La proclamación presidencial estadounidense establece además excepciones para determinados artículos sometidos a otros regímenes arancelarios. La medida fue anunciada originalmente para entrar en vigor el 19 de agosto, pero Washington aceptó aplazar su aplicación hasta el cierre del 21 de agosto mientras continuaban las negociaciones.
Carney había informado el 18 de agosto que ambas partes habían conseguido “progresos sustanciales”, aunque reconoció que quedaba trabajo por hacer. Tres días después, el primer ministro confirmó que no se había alcanzado un acuerdo capaz de evitar los nuevos gravámenes.
Washington y Ottawa ofrecieron explicaciones distintas sobre la ruptura. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, responsabilizó a Canadá de apartarse de compromisos discutidos durante las conversaciones. Carney sostuvo, en cambio, que el acuerdo final no ofrecía condiciones que su gobierno pudiera aceptar.
La falta de un texto acordado convierte esas explicaciones en posiciones atribuidas de las partes, no en una conclusión independiente sobre quién provocó el fracaso.
Canadá prepara represalias mientras crece el costo de prolongar la disputa
Carney anunció que Canadá responderá igualando las medidas estadounidenses y adelantó nuevas acciones de apoyo para trabajadores y empresas.
Associated Press informó este sábado que los aranceles de represalia canadienses comenzarían a aplicarse el 8 de septiembre a productos estadounidenses. El calendario deja un intervalo en el que todavía podrían producirse cambios, negociaciones adicionales o precisiones sobre los bienes incluidos.
El impacto económico potencial va más allá de las compañías que exportan directamente los productos gravados. Fabricantes, distribuidores y minoristas de ambos países operan mediante cadenas de suministro que cruzan repetidamente la frontera, por lo que un arancel puede trasladarse parcialmente a costos de producción, márgenes empresariales, decisiones de inversión o precios finales.
El efecto concreto dependerá, sin embargo, de cada producto, de la capacidad de sustituir proveedores y de cuánto del costo absorban importadores, fabricantes o consumidores. No existe evidencia suficiente para atribuir de antemano un aumento uniforme de precios a todos los bienes vinculados con Canadá.
La disputa llega además después de un año de cambios significativos en los patrones comerciales canadienses. Statistics Canada informó que la proporción de las exportaciones de mercancías de Canadá destinadas a Estados Unidos descendió de 75,9% en 2024 a 71,7% en 2025.
Las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos disminuyeron 5,8% durante 2025, mientras las importaciones procedentes de ese mercado cayeron 2,9%. El superávit canadiense de mercancías con Estados Unidos se redujo de $101.300 millones en 2024 a $81.600 millones en 2025, según las estadísticas oficiales canadienses.
Esos datos muestran que el ajuste comercial comenzó antes de la nueva ronda del 50% y que las empresas ya venían operando en un entorno marcado por aranceles y diversificación de mercados.
La Sección 338 abre otro frente sobre las reglas comerciales de Norteamérica
La base jurídica utilizada por Washington añade otra dimensión al conflicto. La Sección 338 autoriza derechos adicionales de hasta 50% frente a determinadas prácticas que el presidente considere discriminatorias para el comercio estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que las políticas canadienses en sectores como vehículos perjudican a productores de Estados Unidos. Canadá rechaza la caracterización estadounidense y ha defendido sus propias medidas como respuesta a acciones comerciales previas de Washington.
La disputa también se superpone con el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como USMCA en Estados Unidos y CUSMA en Canadá. Ottawa ha acusado a Washington de adoptar medidas incompatibles con ese acuerdo, mientras la administración estadounidense sostiene que las nuevas acciones responden a prácticas discriminatorias que justifican el uso de la legislación nacional.
La nueva fase no equivale todavía a una ruptura del tratado norteamericano, pero aumenta la presión política y económica sobre una relación comercial que durante décadas se estructuró alrededor de la reducción de barreras y la integración de cadenas productivas.
El siguiente hito verificable será la aplicación de las represalias anunciadas por Canadá, prevista para el 8 de septiembre según la información disponible este sábado. Hasta entonces, cualquier reanudación de las negociaciones, modificación de las listas arancelarias o acuerdo parcial podría alterar el alcance de la disputa.
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