SAN JOSÉ, COSTA RICA — El Ministerio de la Presidencia propone un presupuesto de ¢13.883 millones para 2027, un 16,8% más que en 2026. El aumento se concentra en bienes duraderos, remuneraciones y refuerzos para seguridad e inteligencia, y aún debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 asigna ¢13.883 millones al Ministerio de la Presidencia, frente a ¢11.886,7 millones del presupuesto actual de 2026. La diferencia es de ¢1.996,3 millones, equivalente a un crecimiento del 16,8%, según el resumen oficial publicado por el Ministerio de Hacienda.
El comportamiento contrasta con el conjunto del Presupuesto Nacional. Hacienda proyecta gastos por ¢12,419 billones para 2027, frente a ¢12,812 billones en 2026, lo que supone una reducción global del 3,1%. En otras palabras, la cartera de Presidencia aumentaría recursos en un año en el que el presupuesto total del Gobierno Central se contraería.
Hay además una distinción relevante que evita confundir dos títulos presupuestarios. Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la República aparecen por separado en el documento oficial. Mientras el primero crece 16,8%, Presidencia de la República pasa de ¢49.720,4 millones a ¢39.420 millones, una caída del 20,7%. Por ello, no es preciso afirmar de forma general que “el presupuesto de Presidencia” aumenta sin especificar a cuál de las dos partidas se hace referencia.
El Ministerio representa alrededor del 0,1% del presupuesto nacional de 2027 y el equivalente al 0,02% del producto interno bruto, de acuerdo con la tabla de Hacienda.
Bienes duraderos se multiplican por 4,2 y explican gran parte del incremento
El cambio más pronunciado dentro de la cartera está en bienes duraderos. El rubro pasa de ¢447,1 millones en 2026 a ¢1.882,3 millones en 2027, según el desglose del proyecto reportado a partir de la documentación presupuestaria. La diferencia asciende a ¢1.435,2 millones.
Cálculo de la redacción basado en datos del proyecto presupuestario: el incremento equivale aproximadamente a 321%, de modo que la partida propuesta para 2027 es unas 4,2 veces la de 2026. Además, esos ¢1.435,2 millones adicionales representan cerca del 71,9% de todo el aumento de ¢1.996,3 millones previsto para el Ministerio.
El movimiento también va en dirección contraria al comportamiento general del Presupuesto Nacional: a escala del Gobierno Central, Hacienda proyecta que los bienes duraderos bajen de ¢197.763,5 millones a ¢180.206,4 millones, una reducción del 8,9%.
Entre los bienes contemplados en el proyecto aparecen siete vehículos, 50 equipos de cómputo, equipo de comunicación, sillas ergonómicas, radios portátiles y un dron de alta tecnología para funciones de vigilancia y reconocimiento. También se prevén cámaras de videovigilancia para dependencias de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), incluidas instalaciones centrales, regionales y fronterizas.
Que una adquisición figure en el proyecto no significa que ya haya sido comprada ni adjudicada. Los recursos deben superar primero la aprobación presupuestaria y, posteriormente, las contrataciones correspondientes deben seguir los procedimientos aplicables.
ICD absorbería el 43,7% de los recursos de la cartera
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es el programa con mayor peso dentro de los ¢13.883 millones propuestos. Recibiría ¢6.068,7 millones, o 43,7% del total. La DIS tendría ¢3.274,9 millones —23,6%—; Administración Superior, ¢2.697,7 millones —19,4%—; y la Unidad Especial de Intervención (UEI), ¢1.841,7 millones —13,3%—. Esas cuatro asignaciones completan el monto previsto para el Ministerio.
El ICD registra además uno de los saltos más fuertes: su presupuesto aumentaría en ¢1.453,6 millones, o 31,5%, frente al presupuesto autorizado a agosto de 2026. Para la DIS se reporta un incremento de ¢252,3 millones.
La concentración de recursos en esos programas ayuda a explicar que el aumento del Ministerio no responda exclusivamente al funcionamiento administrativo de Casa Presidencial. Una parte sustancial se dirige a órganos ligados al combate contra las drogas, inteligencia y seguridad.
La presidenta Laura Fernández ha defendido públicamente los incrementos para estas unidades especializadas vinculándolos con la atención del crimen organizado y el narcotráfico. Esa es la posición del Ejecutivo; no modifica el hecho de que las partidas permanecen sujetas al control y discusión de la Asamblea Legislativa.
Nueve plazas elevarían de 422 a 431 los puestos autorizados
Las remuneraciones constituyen otro componente del incremento. El proyecto contempla ¢374,8 millones adicionales en esa partida respecto de 2026, que comprende salarios, incentivos, cargas patronales y obligaciones de seguridad social.
Dentro de ese movimiento aparecen nueve plazas temporales destinadas al Viceministerio de Asuntos Parlamentarios. La justificación consignada en la propuesta las relaciona con el fortalecimiento de la coordinación política, la articulación institucional y el seguimiento de la agenda legislativa.
De aprobarse las nuevas plazas, el Ministerio pasaría de 422 puestos autorizados en 2026 a 431 en 2027. Teletica reportó, con base en la propuesta presupuestaria, un costo aproximado de ¢150 millones anuales y remuneraciones mensuales entre ¢567.000 y ¢2,14 millones, según categoría y responsabilidades.
La creación de esos puestos es especialmente relevante por la función del Viceministerio: sirve como uno de los enlaces del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Su refuerzo ocurre precisamente mientras la nueva administración impulsa su primera propuesta integral de Presupuesto Nacional.
La Asamblea puede modificar las partidas antes de la aprobación definitiva
Los ¢13.883 millones no constituyen todavía el presupuesto definitivo del Ministerio. Son parte del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y están sujetos al examen legislativo, incluida la posibilidad de introducir modificaciones durante el trámite.
El calendario tiene un límite constitucional. El artículo 178 establece que el Poder Ejecutivo debe presentar el Presupuesto Ordinario a la Asamblea a más tardar el 1.º de septiembre y que la ley debe quedar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre del mismo año.
Hasta que concluya ese proceso, las cifras de 2027 deben presentarse como montos propuestos, no como gastos ya ejecutados. Ese matiz es particularmente importante en partidas como los vehículos, el dron, las cámaras y las nuevas plazas, cuya inclusión en el proyecto no equivale a una compra o contratación consumada.