Dos niñas de 2 y 7 años fueron halladas lesionadas en Oreamuno, Cartago. Investigan a su madre y el PANI las mantiene en resguardo familiar.
CARTAGO, COSTA RICA — Dos niñas de 2 y 7 años fueron encontradas solas y lesionadas en Oreamuno. Su madre fue detenida por sospechas; el PANI intervino y las menores quedaron al cuidado de familiares.
Dos hermanas de apenas 2 y 7 años fueron localizadas sin compañía de una persona adulta en una calle de Vista Hermosa, distrito de San Rafael de Oreamuno, en la provincia de Cartago. El hallazgo ocurrió el viernes 16 de octubre de 2026, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban labores de vigilancia en la comunidad.
Las menores presentaban lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo y llevaban una bolsa con algunas de sus pertenencias. Las circunstancias motivaron la intervención de las autoridades, que iniciaron diligencias para determinar cómo habían terminado solas en la vía pública.
La investigación se concentra en presuntas agresiones cometidas dentro del entorno familiar. Una mujer de 22 años, identificada por los apellidos Hernández Salazar, fue detenida como sospechosa. La información difundida este lunes señala que posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares, mientras las niñas permanecen bajo el cuidado de familiares.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino en el caso para atender la situación de las menores. La institución confirmó, según la información conocida sobre los hechos, que ambas fueron ubicadas con integrantes de su familia.
El relato de la hermana mayor permitió conocer las presuntas agresiones
La intervención policial permitió conocer una versión inicial sobre lo ocurrido antes del hallazgo. De acuerdo con el relato atribuido a la hermana de siete años, su madre habría agredido a ambas menores utilizando diferentes objetos y posteriormente las habría obligado a salir de la vivienda.
Entre los objetos mencionados en esa versión figuran tubos, cables y piezas de madera. Estas circunstancias forman parte de los hechos que deberán esclarecer las autoridades mediante la investigación correspondiente.
La declaración atribuida a la niña constituye un elemento relevante para reconstruir los acontecimientos, pero no equivale por sí sola a una determinación judicial de responsabilidad.
Las investigaciones deberán establecer cuándo ocurrieron las presuntas agresiones, cómo se produjeron las lesiones, cuáles fueron las circunstancias en que las menores abandonaron la casa y qué otras evidencias pueden respaldar o descartar las versiones conocidas.
La corta edad de las hermanas agrega una dimensión importante al caso. Ambas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad al permanecer sin compañía adulta en un espacio público, particularmente la menor de dos años, cuya capacidad para identificar peligros y solicitar ayuda es limitada.
Los policías que las localizaron activaron una intervención que permitió poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
Por razones de protección de la infancia, no se divulgan nombres, fotografías ni otros datos que permitan identificar a las niñas.
Una mujer de 22 años fue detenida mientras avanzaban las diligencias
Después del hallazgo, el caso pasó a conocimiento de las autoridades judiciales.
La información difundida el viernes 16 de octubre identificó a la sospechosa como una mujer de 22 años, de apellidos Hernández Salazar, residente de Vista Hermosa, en San Rafael de Oreamuno.
Según los reportes iniciales sobre la investigación, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron diligencias para ubicarla y concretaron su detención en instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia.
En ese momento, los informes indicaban que permanecía bajo custodia mientras se resolvía su situación jurídica.
La información conocida posteriormente señala que la mujer recuperó su libertad con medidas cautelares. Sin embargo, no se cuenta con el detalle oficial de las obligaciones específicas que le habrían sido impuestas ni con la resolución judicial correspondiente.
Esta distinción resulta importante: la detención de una persona investigada no implica que haya sido declarada culpable. Del mismo modo, recuperar la libertad durante un proceso no significa que los hechos denunciados hayan quedado descartados.
Las medidas cautelares penales pueden utilizarse para atender riesgos procesales mientras continúa una investigación, conforme a las circunstancias de cada expediente. Su aplicación y contenido deben responder a una decisión de la autoridad competente.
En este caso, cualquier conclusión sobre la responsabilidad penal de la sospechosa deberá basarse en las pruebas obtenidas y en las decisiones que adopten los órganos judiciales.
Las hermanas quedaron bajo protección de familiares con intervención del PANI
Uno de los aspectos centrales de este caso es la situación de las menores después de la intervención policial.
El Patronato Nacional de la Infancia confirmó su participación y señaló que las dos hermanas fueron ubicadas con familiares, según la información proporcionada sobre los acontecimientos.
Esta medida permite distinguir dos ámbitos de actuación diferentes: la investigación judicial de las presuntas agresiones y las gestiones administrativas destinadas a proteger a las niñas.
Mientras las autoridades judiciales examinan si existieron conductas delictivas, el PANI tiene entre sus responsabilidades intervenir ante posibles vulneraciones de los derechos de las personas menores de edad.
El sistema costarricense contempla distintas medidas de protección, que pueden incluir orientación y seguimiento a la familia, atención especializada, cuidado provisional o alternativas de resguardo cuando las condiciones lo justifiquen.
La decisión debe considerar la situación particular de cada menor, los riesgos identificados y su interés superior.
La ubicación con familiares no debe interpretarse automáticamente como una decisión definitiva sobre custodia, responsabilidad parental o convivencia futura.
En el caso de las dos hermanas de Oreamuno, no se han difundido detalles suficientes para establecer cuánto tiempo permanecerán con sus familiares ni cuáles serán las valoraciones posteriores de las autoridades competentes.
Tampoco se dispone de información oficial actualizada sobre su condición médica.
La protección de su integridad física y emocional debe mantenerse como una consideración esencial durante cualquier procedimiento institucional relacionado con los hechos.
Qué establece la legislación costarricense sobre la protección infantil
El Código de la Niñez y la Adolescencia contiene disposiciones que orientan la intervención estatal cuando los derechos de una persona menor de edad pueden encontrarse amenazados o vulnerados.
Uno de sus principios fundamentales es el interés superior de la persona menor de edad, que exige valorar las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes al adoptar decisiones que puedan afectar su bienestar.
El artículo 34 establece condiciones especiales para separar temporalmente a una persona menor de edad de su entorno familiar. Esa medida debe evaluarse considerando las alternativas disponibles y las circunstancias que originaron el riesgo.
Cuando los hechos atribuidos a una persona que convive con el menor involucran determinados delitos, como lesiones o delitos contra la libertad sexual, la legislación también contempla mecanismos judiciales relacionados con la salida del presunto responsable del domicilio.
Las reglas prácticas comunicadas por el Poder Judicial mediante la Circular 254-2023 precisan la intervención de las autoridades judiciales en materia de violencia doméstica y las competencias del PANI en los procedimientos de protección infantil.
Este marco permite comprender por qué una investigación penal y un procedimiento administrativo de protección pueden desarrollarse de manera paralela, aunque persigan objetivos diferentes.
El primero busca esclarecer hechos y determinar eventuales responsabilidades penales. El segundo se centra en adoptar medidas que permitan resguardar los derechos y la integridad de las personas menores de edad.
No se ha confirmado públicamente qué disposiciones específicas fueron aplicadas a las dos hermanas de Oreamuno, más allá de la información sobre su ubicación con familiares.
Cómo denunciar situaciones de violencia contra menores en Costa Rica
El caso también pone de relieve la importancia de los mecanismos de alerta e intervención disponibles cuando se sospecha que una persona menor de edad está sufriendo violencia, abandono o una amenaza contra su integridad.
En Costa Rica, el PANI dispone de canales oficiales para recibir comunicaciones sobre posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ante una situación de peligro inmediato, la institución indica que debe utilizarse el sistema de emergencias 9-1-1.
También mantiene la línea 1147 para niños y niñas y el WhatsApp 8989-1147 como parte de sus canales de atención.
De acuerdo con la información institucional, las denuncias pueden presentarse de distintas formas, incluidas modalidades anónimas o confidenciales, según las condiciones establecidas para cada caso.
No es necesario que una persona particular determine previamente si ocurrió un delito para comunicar una situación preocupante. El propósito de la denuncia es permitir que las autoridades valoren los hechos y determinen las actuaciones correspondientes.
Cuando exista un riesgo inmediato, la prioridad debe ser contactar a las autoridades, proporcionar una ubicación precisa y comunicar la información disponible sin poner en peligro a las personas involucradas.
La institución también dispone de oficinas locales y servicios regionales para atender situaciones relacionadas con la protección de la infancia.
La investigación deberá aclarar las lesiones y las medidas de protección
El caso ocurrido en Vista Hermosa mantiene varios aspectos pendientes de esclarecimiento público.
Entre ellos se encuentran los resultados de las valoraciones médicas de las niñas, las circunstancias exactas de las presuntas agresiones, las eventuales pruebas recopiladas por las autoridades y el contenido de las medidas cautelares atribuidas a la madre.
También queda pendiente conocer si las autoridades judiciales comunicarán una calificación penal concreta de los hechos o nuevas decisiones dentro del expediente.
Hasta ahora, la información disponible permite establecer una secuencia general: las hermanas fueron localizadas sin compañía, se detectaron lesiones, se activó una intervención policial y judicial, la madre fue detenida como sospechosa y el PANI participó en su protección.
La información más reciente proporcionada sobre el caso señala que la mujer permanece en libertad con medidas cautelares y que las niñas fueron ubicadas con familiares.
El desarrollo posterior dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes.
Mientras se esclarecen las circunstancias, la prioridad institucional es garantizar la seguridad de ambas menores, su acceso a la atención que requieran y la protección de sus derechos, sin exponerlas innecesariamente durante el proceso.
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