El OIJ investiga el robo de al menos 10 armas a guardas privados del INA en La Uruca, tras un asalto ocurrido el domingo 25 de octubre.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — Un grupo de asaltantes irrumpió en la sede central del INA, en La Uruca y robó armas de seguridad privada. El OIJ investiga el hecho ocurrido este domingo 25 de octubre de 2026.
La sede central del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicada en La Uruca, San José, fue escenario de un asalto durante la mañana del domingo 25 de octubre de 2026. Varios individuos, descritos en reportes preliminares como encapuchados, intimidaron y agredieron a oficiales de seguridad privada antes de apoderarse de varias armas de fuego.
Los primeros informes periodísticos señalan que los delincuentes lograron sustraer al menos 10 armas. Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) todavía no había establecido oficialmente la cantidad exacta del armamento robado.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana y movilizó a la Fuerza Pública y a agentes judiciales encargados de esclarecer las circunstancias del asalto.
La Presidencia Ejecutiva del INA confirmó lo ocurrido y aclaró un aspecto relevante: las armas sustraídas pertenecen a la empresa privada contratada para brindar seguridad en las instalaciones, no al patrimonio institucional.
Aunque los primeros informes indicaron que los guardas fueron agredidos durante el asalto, la institución aseguró que no se registraron personas heridas.
Asaltantes habrían llegado en motocicletas y reducido a los guardas
De acuerdo con las primeras versiones divulgadas sobre el caso, varios sospechosos llegaron a las instalaciones del INA a bordo de dos motocicletas.
Una vez en el lugar, habrían intimidado a los oficiales encargados de la vigilancia y empleado violencia para controlar la situación, lo que les permitió sustraer el armamento.
La información comunicada por el OIJ señala que la alerta ingresó mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 aproximadamente a las 7:10 de la mañana.
Los investigadores confirmaron que el reporte recibido describía un aparente asalto en el que varios sujetos habían intimidado y agredido a los guardas de seguridad.
La secuencia completa del incidente, la cantidad de participantes y la ruta utilizada para escapar permanecían sin confirmación oficial en la información examinada.
Tampoco se había precisado públicamente cuánto tiempo permanecieron los delincuentes dentro de las instalaciones ni si conocían previamente la ubicación del armamento.
Estos aspectos forman parte de las interrogantes que deberá resolver la investigación judicial.
El INA aclara que las armas pertenecen a una empresa privada
Uno de los elementos centrales del caso es la propiedad de las armas robadas.
Mediante su posición institucional, la Presidencia Ejecutiva del INA confirmó que el armamento pertenecía a la compañía encargada del servicio de seguridad privada.
Esta aclaración permite distinguir entre los bienes utilizados por un contratista para prestar vigilancia y los activos que forman parte del patrimonio público.
El INA también manifestó que no sufrió pérdidas materiales propias y que no hubo personas heridas como consecuencia del incidente.
Ambas afirmaciones son compatibles con la existencia de un robo de armas pertenecientes a una empresa contratada: la ausencia de pérdidas patrimoniales institucionales no significa que no se haya producido una sustracción de bienes de terceros dentro del recinto.
De igual manera, el reporte sobre agresiones a los guardas debe diferenciarse de la existencia de lesiones diagnosticadas. La información disponible describe actos de intimidación y agresión, pero la institución indicó que no hubo personas heridas.
Por ahora, no se ha divulgado un inventario oficial detallado que permita conocer los modelos, calibres y números de serie de las armas sustraídas.
OIJ investiga el asalto y busca esclarecer el destino del armamento
Tras la alerta, agentes de la Sección de Asaltos del OIJ y funcionarios especializados en Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios acudieron a las instalaciones.
Su participación tiene como finalidad reunir los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido, establecer las circunstancias del ingreso de los sospechosos e identificar a las personas involucradas.
La Fuerza Pública también participó en la atención de la emergencia.
Uno de los principales desafíos de la investigación consiste en establecer la cantidad definitiva de armas robadas.
Aunque distintas publicaciones periodísticas mencionaron al menos 10 unidades, la cifra debe mantenerse como preliminar hasta que exista una confirmación oficial respaldada por el inventario correspondiente.
La identificación individual del armamento resulta especialmente importante en este tipo de casos, ya que los números de serie y las características registradas pueden facilitar su reconocimiento si posteriormente aparecen durante decomisos o procedimientos judiciales.
No obstante, hasta la información revisada para esta publicación no se había confirmado públicamente la recuperación de las armas ni la identificación de sus posibles destinos.
Robo de armas plantea interrogantes sobre los controles de vigilancia
El asalto también pone en discusión los procedimientos utilizados para custodiar armas de fuego destinadas a servicios de seguridad privada.
El hecho de que el armamento estuviera vinculado con una empresa contratada para proteger una instalación pública plantea interrogantes sobre los sistemas de almacenamiento, registro y control de acceso.
Entre los aspectos que podrían resultar relevantes para una eventual revisión administrativa figuran la cantidad de armas disponibles durante cada turno, su ubicación, los mecanismos de resguardo y los protocolos de respuesta ante una amenaza.
Sin embargo, la sola ocurrencia del robo no demuestra que se hayan incumplido procedimientos contractuales o normas de seguridad. Para establecer responsabilidades sería necesario contar con documentación, verificaciones y resultados de investigación que todavía no se han divulgado.
El interés público del caso no se limita al asalto dentro de las instalaciones del INA. También existe preocupación por la posibilidad de que las armas sustraídas permanezcan fuera del control de sus propietarios legítimos.
Cualquier conclusión sobre su utilización posterior o posible vinculación con otros delitos sería prematura mientras no existan pruebas concretas.
Costa Rica registra antecedentes de robos de armamento
El caso de La Uruca tiene precedentes en Costa Rica, donde anteriormente se han reportado sustracciones de armas de fuego en instalaciones públicas y empresas privadas.
En febrero de 2021, delincuentes sustrajeron 25 armas de fuego, municiones y otros equipos de la Academia Nacional de Policía, ubicada en Pococí, Limón. El material fue recuperado posteriormente.
Ese mismo año también se reportó el robo de una caja fuerte que contenía 16 pistolas en una empresa de seguridad privada situada en La Valencia de Heredia.
Estos antecedentes evidencian que las instalaciones encargadas de almacenar armamento pueden convertirse en objetivos de organizaciones o grupos delictivos.
Sin embargo, no existe información que permita vincular esos episodios con el asalto ocurrido en el INA en octubre de 2026.
Cada investigación debe analizarse individualmente, sin atribuir a los casos conexiones que las autoridades no hayan demostrado.
Investigación continúa sin una cifra oficial definitiva
Al cierre de la información examinada, el OIJ mantenía abierta la investigación sobre el asalto ocurrido en la sede central del INA.
Entre los datos pendientes de confirmación se encuentran la cifra exacta de armas sustraídas, la identificación de los responsables y la eventual recuperación del armamento.
Los reportes iniciales tampoco permitían confirmar detenciones directamente relacionadas con el hecho.
Mientras avanzan las diligencias, el caso deja planteada una preocupación concreta sobre la protección del personal de vigilancia y la custodia de armas de fuego utilizadas por empresas privadas en instalaciones públicas.
La determinación de las circunstancias del robo y el destino del armamento dependerá de los resultados que comuniquen las autoridades judiciales.
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