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BANGKOK, TAILANDIA — El Banco Mundial negocia posibles apoyos con entre 30 y 40 países ante las alzas del diésel y los fertilizantes, mientras la deuda limita la respuesta de las economías emergentes.
La presión que ejerce la crisis energética sobre las finanzas de los países en desarrollo ha llevado al Banco Mundial a intensificar las conversaciones sobre posibles mecanismos de asistencia. La institución mantiene contactos con decenas de gobiernos que necesitan enfrentar mayores costos de importación, restricciones presupuestarias y una carga de deuda que reduce su capacidad de respuesta.
El presidente del organismo, Ajay Banga, confirmó este domingo 11 de octubre que entre 30 y 40 países participan en estas conversaciones. La información fue proporcionada durante una entrevista con Reuters, antes de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), programadas en Bangkok del 12 al 18 de octubre.
Aunque los contactos representan una señal de creciente preocupación económica, no constituyen todavía aprobaciones de préstamos ni compromisos de desembolso. La diferencia es especialmente importante en un momento en que las expectativas de asistencia internacional aumentan junto con los precios de productos esenciales.
La crisis energética aumenta la presión sobre los países en desarrollo
La guerra en Oriente Medio ha alterado las condiciones de los mercados energéticos internacionales y ha encarecido productos fundamentales para el funcionamiento de distintas economías.
Entre los insumos más sensibles se encuentran el diésel, utilizado extensamente en transporte y actividades productivas, y los fertilizantes, cuyo costo puede repercutir sobre la producción agrícola. Cuando estos productos aumentan de precio, el problema puede extenderse mucho más allá de los sectores que los compran directamente.
Para los gobiernos importadores de combustibles, el encarecimiento representa un desafío doble. Por una parte, aumenta el costo de actividades económicas que dependen de la energía. Por otra, puede elevar las necesidades de gasto público cuando existen subsidios, programas de apoyo o servicios estatales afectados por los nuevos precios.
La exposición no es idéntica en todos los países. Depende de factores como la estructura de importaciones, la dependencia de combustibles fósiles, las reservas financieras, el nivel de endeudamiento y la capacidad de trasladar los aumentos a los consumidores.
Banga explicó que la economía mundial mostró inicialmente mayor resistencia de la prevista. La adaptación de la oferta y la demanda de petróleo, junto con el dinamismo de determinadas inversiones tecnológicas, contribuyó a contener parte de las dificultades. Sin embargo, la persistencia del encarecimiento energético está creando nuevas necesidades de financiamiento.
Al mismo tiempo, el riesgo de un fenómeno de El Niño especialmente intenso podría añadir presión sobre la agricultura y otras actividades vulnerables a las condiciones climáticas. La posibilidad de enfrentar simultáneamente mayores costos energéticos y perturbaciones agrícolas complica las decisiones de política económica.
Del fondo inicial de 25.000 millones a una posible respuesta de 100.000 millones
El Banco Mundial había puesto a disposición una capacidad inicial de asistencia por 25.000 millones de dólares cuando comenzó la guerra a finales de febrero de 2026.
La demanda inmediata de esos recursos resultó limitada. Sin embargo, las conversaciones actuales muestran que algunos gobiernos están considerando nuevas opciones de apoyo ante la prolongación de las dificultades.
La capacidad de respuesta no se reduce a una única línea de financiamiento. De acuerdo con las explicaciones de Banga, los países también podrían reorganizar hasta 35.000 millones de dólares procedentes de proyectos del Banco Mundial que ya habían sido aprobados.
Esto permitiría trabajar inicialmente con una capacidad potencial de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, combinando la asistencia extraordinaria con la reasignación de recursos existentes. Esa cifra no equivale a dinero nuevo que ya haya sido entregado a los países.
La reorganización de proyectos puede ofrecer flexibilidad a un gobierno que necesita atender prioridades más urgentes. No obstante, también obliga a evaluar las consecuencias de modificar inversiones previamente planificadas, ya que los recursos reasignados dejan de utilizarse en su destino original.
Si el deterioro económico continúa, Banga señaló que el organismo podría llegar a movilizar hasta 100.000 millones de dólares en asistencia.
Ese monto constituye una posibilidad de respuesta, no un paquete aprobado para los países actualmente interesados. Su utilización dependería de las necesidades identificadas, los instrumentos disponibles y los procedimientos de evaluación correspondientes.
También es necesario distinguir entre préstamos, donaciones, garantías y recursos previamente comprometidos. Cada instrumento tiene implicaciones diferentes para las finanzas públicas, particularmente cuando un país ya enfrenta dificultades para cumplir sus obligaciones externas.
Una deuda de 400.000 millones reduce el margen de los gobiernos
La discusión sobre asistencia internacional ocurre en un escenario de elevado endeudamiento para numerosas economías en desarrollo.
Según las estimaciones del Banco Mundial citadas por Banga, estos países enfrentan obligaciones con acreedores externos cercanas a 400.000 millones de dólares durante 2026. Aproximadamente una tercera parte corresponde a intereses.
Expresada en cifras, esa proporción equivale a unos 133.000 millones de dólares destinados únicamente al pago de intereses. El cálculo permite dimensionar la presión financiera: una cantidad considerable de recursos debe utilizarse para atender compromisos existentes antes de financiar nuevas necesidades.
El impacto sobre cada país depende de su propia situación. Un gobierno con mayores ingresos tributarios, plazos de deuda favorables o acceso a financiamiento barato dispone de alternativas diferentes a las de una economía con vencimientos concentrados y altos costos de endeudamiento.
El problema puede intensificarse cuando un aumento de los precios internacionales coincide con mayores tasas de interés. Importar energía cuesta más, refinanciar obligaciones puede resultar más caro y los recursos disponibles para servicios públicos se vuelven más limitados.
En ese entorno, obtener un nuevo préstamo no siempre resuelve el problema estructural. El financiamiento puede aliviar necesidades inmediatas, pero también genera obligaciones futuras que deben evaluarse frente a los beneficios esperados.
Por eso, las conversaciones internacionales incluyen mecanismos para mejorar las condiciones de la deuda, reorganizar compromisos y facilitar inversiones sin aumentar innecesariamente la presión sobre los presupuestos nacionales.
Entre las alternativas que analiza el Banco Mundial figuran operaciones destinadas a sustituir deuda costosa por financiamiento con mejores condiciones, respaldado por garantías. Los ahorros potenciales podrían orientarse a prioridades de desarrollo, siempre que las operaciones resulten viables y se cumplan sus condiciones.
El capital privado crece, pero no llega por igual a todas las economías
El Banco Mundial también busca ampliar la participación de inversionistas privados en proyectos de desarrollo, una estrategia que considera complementaria al financiamiento procedente de sus propios recursos.
Su informe financiero correspondiente al ejercicio fiscal de 2026 registra una movilización de 112.000 millones de dólares en capital privado. Esa cantidad contrasta con los 35.000 millones reportados para 2022 y refleja un crecimiento importante en la capacidad de atraer inversiones.
El mismo informe señala que el Grupo Banco Mundial registró aproximadamente 123.500 millones de dólares en financiamiento, inversiones y garantías mediante sus instrumentos institucionales durante el ejercicio fiscal concluido en junio de 2026.
Ambas categorías deben interpretarse por separado: el capital privado movilizado no es equivalente a un desembolso presupuestario del organismo, y los resultados financieros anuales tampoco representan automáticamente fondos disponibles para la emergencia energética.
Las diferencias entre países son igualmente relevantes. Según el informe institucional de septiembre, la movilización de capital privado alcanzó unos 50.000 millones de dólares en economías de ingreso mediano alto y 37.000 millones en países de ingreso mediano bajo.
En cambio, los países de ingreso bajo recibieron alrededor de 3.000 millones de dólares mediante ese mecanismo, lo que evidencia las dificultades para atraer inversión hacia mercados percibidos como más riesgosos o con menores oportunidades de rentabilidad.
Esta desigualdad plantea un desafío para la respuesta internacional. Las economías que enfrentan mayores restricciones de financiamiento no siempre son las que consiguen atraer más recursos privados.
Las garantías y otros mecanismos de reducción de riesgos pueden facilitar la participación de inversionistas, pero su efectividad depende de la naturaleza de los proyectos, las condiciones económicas locales y la capacidad institucional de cada país.
Costa Rica ya enfrenta aumentos vinculados al mercado energético
La crisis internacional tiene consecuencias verificables en Costa Rica, especialmente por la dependencia de combustibles importados.
El 1 de octubre de 2026, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informó un ajuste que contemplaba un aumento de 97 colones por litro en el diésel y de 38 colones por litro en la gasolina súper.
La institución explicó que Costa Rica importa la totalidad de los combustibles terminados que consume, por lo que sus precios internos están sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
En el caso del diésel, ARESEP indicó que las condiciones externas de oferta y demanda habían producido incrementos superiores a los registrados en las gasolinas. El ajuste anunciado contemplaba incluso que el diésel alcanzara un precio superior al de esos combustibles.
La resolución debía publicarse en el diario oficial La Gaceta para que las nuevas tarifas entraran en vigor. Por ello, el anuncio regulatorio y la fecha efectiva de aplicación deben distinguirse al analizar el comportamiento de los precios.
Esta dependencia permite identificar una conexión directa entre las tensiones energéticas internacionales y la economía costarricense, sin que ello implique que el país figure entre los gobiernos que actualmente negocian asistencia con el Banco Mundial.
El aumento del diésel tiene especial importancia porque se utiliza en el transporte de mercancías, actividades agrícolas y determinados servicios públicos. Cuando suben los costos operativos, las empresas pueden enfrentar menores márgenes de rentabilidad o intentar trasladar parte del incremento a sus tarifas y precios.
La presión sobre el transporte público tampoco es una posibilidad exclusivamente teórica. En mayo de 2026, ARESEP aprobó un ajuste extraordinario de 5,43 % en las tarifas de autobús y aumentos de entre 1,39 % y 2,82 % en taxis, relacionados con el encarecimiento internacional de los combustibles.
Estos antecedentes muestran cómo un fenómeno originado fuera del país puede terminar afectando actividades cotidianas, aunque la magnitud y el momento de cada traslado dependen de las metodologías tarifarias, la estructura de costos y las decisiones de los operadores.
En agricultura, el encarecimiento de fertilizantes y combustibles también representa un riesgo para los costos de producción. Sin embargo, no puede asumirse que todos los alimentos subirán automáticamente en la misma proporción, porque intervienen otros factores, como las cosechas, la demanda y las condiciones de comercialización.
Bangkok será decisiva para definir el alcance de la asistencia
Las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se celebrarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.
El encuentro reunirá a representantes de gobiernos, bancos centrales, instituciones multilaterales y otros actores relacionados con la economía internacional. Entre los asuntos de interés figuran el crecimiento económico, la sostenibilidad de la deuda, las condiciones de financiamiento y las necesidades de los países en desarrollo.
Las conversaciones sobre asistencia energética se desarrollan dentro de ese escenario más amplio, donde los gobiernos deben equilibrar sus necesidades inmediatas con compromisos financieros de mediano y largo plazo.
Para comprender el resultado de las negociaciones será necesario observar cuántos países presentan solicitudes formales, qué instrumentos financieros se proponen, cuáles son las condiciones aplicables y qué cantidad de recursos llega efectivamente a aprobarse y desembolsarse.
En el caso de América Latina, también será importante distinguir el financiamiento destinado a proyectos de desarrollo de cualquier programa específicamente relacionado con el encarecimiento de la energía.
Por ahora, el dato confirmado es que el Banco Mundial mantiene conversaciones con entre 30 y 40 países y contempla ampliar su respuesta si las condiciones económicas empeoran. No existe una lista pública verificada de beneficiarios de estas negociaciones ni una distribución definitiva de los fondos potenciales.
El desafío para las instituciones financieras internacionales será ofrecer herramientas capaces de atender necesidades urgentes sin agravar la situación de deuda de las economías más vulnerables, en un contexto donde la evolución de los precios energéticos sigue condicionando las perspectivas de crecimiento y estabilidad económica.
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