La mandataria calificó como “muy grave” la posibilidad de un manejo indebido de información y confirmó que pidió un informe al equipo encargado de organizar la ceremonia. La revisión busca determinar si los datos suministrados por quienes solicitaron entradas pudieron filtrarse o recibir un tratamiento diferente al previsto inicialmente.
Hasta ahora, sin embargo, no existe evidencia pública que demuestre que el PPSO recibió esa base de datos ni que funcionarios de Presidencia se la transfirieran. Esa diferencia resulta esencial: existe una investigación administrativa ordenada por la mandataria y declaraciones que generaron dudas sobre el origen de la información, pero una filtración todavía no está establecida como hecho.
González dijo conocer quiénes eran, dónde estaban y sus preferencias
La controversia se originó en declaraciones realizadas por González el 12 de agosto durante el programa Tertulia de Noche.
El dirigente sostuvo que el PPSO había identificado a personas que, según su versión, participaron en una estrategia del Frente Amplio y de otros sectores de izquierda para solicitar entradas al acto de juramentación y dejar espacios vacíos en las graderías del Estadio Nacional.
Según el reporte periodístico de esas manifestaciones, González aseguró que su agrupación sabía quiénes eran esas personas, dónde estaban, cuáles eran sus gustos y preferencias e incluso qué actividades realizaban.
Días después, cuando fue consultado sobre el origen de esa información, González reconoció inicialmente la existencia de una base con datos de asistentes, pero negó que el PPSO hubiese tenido acceso a la base utilizada para el proceso de inscripción al traspaso.
Fernández dijo posteriormente haber recibido información de que González había rectificado sus afirmaciones y que el dirigente sostuvo que el dato mencionado no era correcto y surgió durante el intercambio televisivo. Esa explicación tampoco resuelve por sí misma la pregunta sobre qué información posee realmente el partido ni de dónde provino.
Presidencia deberá reconstruir quién tuvo acceso a la información
La organización del acto de traspaso estuvo en manos de una comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo y presidida por Marcos Vargas. Las entradas gratuitas podían solicitarse mediante la plataforma Kuikpei, según la información publicada sobre el proceso.
Fernández afirmó el 19 de agosto que solicitaría a esa comisión un informe y posteriormente confirmó que la revisión ya había sido ordenada. El documento deberá permitir esclarecer, entre otras cuestiones, qué información se recopiló, quién podía consultarla, durante cuánto tiempo fue conservada y qué controles existieron sobre su utilización.
La presidenta también remarcó que González no es funcionario público ni mantiene una relación jerárquica con ella, razón por la cual no puede exigirle explicaciones como lo haría con un subordinado de la administración. La Presidencia sí puede, en cambio, revisar la actuación de los órganos y personas que administraron información asociada a una ceremonia organizada desde el Ejecutivo.
Ese informe constituye ahora el principal hito verificable del caso.
Una preferencia política tiene protección reforzada bajo la Ley 8968
La naturaleza de los datos mencionados por González hace que la controversia supere una discusión puramente partidaria.
La Ley N.° 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, define como información sensible aquella relacionada con el fuero íntimo de una persona e incluye expresamente entre sus ejemplos las opiniones políticas, junto con datos sobre origen racial, convicciones religiosas, condición socioeconómica e información biomédica o genética.
Por tanto, una lista que identificara personas según sus simpatías o preferencias políticas tendría un tratamiento jurídico distinto al de información ordinaria como un nombre o un medio de contacto.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) explica además que la normativa alcanza tanto bases públicas como privadas y que los datos continúan perteneciendo a sus titulares aunque una determinada base no requiera inscripción ante esa institución.
La agencia enumera entre las faltas graves utilizar datos personales para una finalidad diferente de aquella autorizada por la persona y transferirlos en contra de las condiciones establecidas legalmente. También clasifica entre las infracciones más severas determinados tratamientos de datos sensibles realizados por personas físicas o jurídicas privadas.
Aplicar esas disposiciones a una persona o institución concreta requeriría establecer primero qué información existía, quién la obtuvo, de qué fuente salió, para qué fue recopilada originalmente y si existió consentimiento para un eventual uso posterior. Ninguno de esos extremos puede darse por probado únicamente a partir de las declaraciones de González.
Frente Amplio y PLN pidieron explicaciones sobre las bases de datos
Las afirmaciones provocaron cuestionamientos de partidos opositores.
La diputada del Frente Amplio Sigrid Segura pidió a Fernández aclarar qué datos personales se recopilaron para asistir al traspaso, quiénes tuvieron acceso, cómo fueron almacenados y qué tratamiento recibieron.
El secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, también solicitó explicaciones al PPSO y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) sobre la eventual existencia de listas, perfiles o bases relacionadas con militantes, dirigentes o simpatizantes políticos.
Las solicitudes tampoco prueban que tales registros existan dentro de instituciones estatales. Son requerimientos de aclaración surgidos después de las manifestaciones públicas del dirigente partidario.
La discusión adquiere especial relevancia porque la Prodhab tiene potestad para investigar denuncias por infracciones a la normativa de protección de datos, ordenar restricciones, rectificaciones o supresiones y aplicar sanciones administrativas cuando corresponda. También puede trasladar al Ministerio Público situaciones que, después de una investigación, pudieran configurar un delito.
Hasta este domingo no se ha establecido públicamente una resolución de Prodhab que determine responsabilidades en este episodio.
El informe deberá aclarar si hubo acceso, transferencia o simplemente una afirmación sin respaldo
La investigación ordenada por Fernández enfrenta tres escenarios básicos que todavía permanecen abiertos.
El primero sería comprobar que los datos recopilados para el traspaso se mantuvieron dentro del circuito autorizado y nunca llegaron al PPSO. El segundo supondría detectar algún acceso o transferencia no prevista, lo que obligaría a identificar responsables y condiciones de tratamiento. El tercero sería establecer que las afirmaciones de González no procedían de esa base y que la información mencionada tenía otra fuente —o que simplemente no existía en los términos en que fue descrita—.
No hay suficiente evidencia pública para escoger hoy entre esas posibilidades.
La revisión deberá ser particularmente precisa respecto del concepto de “preferencias”. Los formularios utilizados para asistir al acto, según Fernández, no solicitaban datos sensibles. Si posteriormente alguien hubiese construido perfiles políticos a partir de otra información, ese proceso tendría que analizarse de manera independiente del formulario original.
El próximo punto verificable será la entrega del informe solicitado por la presidenta. Hasta entonces, la forma más precisa de describir el caso es como una investigación sobre un posible manejo irregular o filtración de datos, no como una filtración confirmada.
Más de Daniel Rojas
Ver todo en esta sección- Cargando historias relacionadas…