El pacto abarca 17 campos y 25 años; una orden ejecutiva previa aclara que los fondos venezolanos bajo custodia estadounidense siguen siendo propiedad de Venezuela.
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS — El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela para un período de 25 años enfrenta nuevas preguntas sobre su estructura jurídica, la selección de empresas, el control operativo y la transparencia de contratos que abarcarían 17 campos petroleros venezolanos.
El entendimiento fue presentado por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez. La información divulgada indica que los campos contienen grandes volúmenes de crudo recuperable y que el esquema pretende atraer decenas de miles de millones de dólares en inversión para recuperar capacidad productiva.
Sin embargo, los términos completos no han sido publicados. Expertos legales y energéticos han planteado dudas sobre la ausencia de una licitación competitiva, la distribución de participación entre las partes, el tratamiento fiscal y el grado de control que conservará Venezuela sobre operaciones vinculadas con sus reservas.
El acuerdo de los 17 campos es distinto de la orden sobre ingresos petroleros
Un punto central para interpretar el nuevo pacto es no confundirlo con la Orden Ejecutiva 14373, firmada por Trump el 9 de enero de 2026. Esa orden regula determinados fondos derivados de recursos naturales venezolanos depositados en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El texto de la orden establece que esos fondos son propiedad del Gobierno de Venezuela y crea un régimen que los protege de embargos y otros procesos judiciales mientras permanecen bajo custodia estadounidense. La medida también limita transferencias o movimientos salvo autorización correspondiente.
Por tanto, la orden de enero no equivale por sí sola a transferir a Washington la propiedad general de los ingresos petroleros venezolanos. El nuevo acuerdo de 17 campos plantea cuestiones diferentes: quién opera los yacimientos, qué empresas serán seleccionadas, cuánto capital aportará cada participante y cómo se repartirán producción, ingresos y riesgos.
Las proyecciones económicas todavía no son resultados
Autoridades venezolanas han hablado de aumentos significativos de producción y de ingresos fiscales asociados con el proyecto. Esas cifras son proyecciones. Su materialización dependerá de inversión, rehabilitación de infraestructura, condiciones técnicas de los campos, disponibilidad de equipos y capacidad para mantener operaciones durante un período prolongado.
Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción ha estado limitada durante años por falta de inversión, deterioro operativo, sanciones y problemas de gestión. Recuperar niveles altos de extracción requiere más que un acuerdo político: implica ejecución técnica sostenida y acceso a capital.
La participación estadounidense también puede generar disputas internas en Venezuela sobre soberanía, control de recursos y legalidad contractual. Cualquier evaluación definitiva necesitará revisar los documentos firmados y las normas venezolanas que regulan asociaciones en el sector de hidrocarburos.
En Estados Unidos, el acuerdo se conecta además con la política energética y con los planes para reforzar la Reserva Estratégica de Petróleo. La posibilidad de utilizar crudo venezolano para esos fines dependerá de la velocidad con que aumente la producción y de las condiciones comerciales aplicables.
El siguiente hito verificable será la publicación de contratos, licencias o instrumentos regulatorios que detallen el funcionamiento del acuerdo. Hasta entonces, las afirmaciones sobre control, beneficios fiscales o volúmenes futuros deben mantenerse atribuidas y separadas de los hechos ya confirmados.
La falta de contratos públicos limita además la capacidad de comparar el acuerdo con asociaciones petroleras anteriores en Venezuela. Sin documentos completos no es posible establecer con certeza cómo se reparten costos, qué mecanismos de resolución de disputas se aplican o qué obligaciones ambientales y laborales asumirán los operadores.
La discusión tampoco puede separarse del contexto regional. Un aumento relevante de la producción venezolana tendría efectos sobre exportaciones, refinerías, rutas marítimas y relaciones energéticas en el Caribe y el continente americano. La magnitud de ese impacto dependerá de cuánto crudo adicional llegue realmente al mercado y en qué plazo.
La transparencia contractual será determinante para responder esas preguntas. Mientras las condiciones permanezcan parciales, cualquier conclusión sobre quién obtiene la mayor ventaja económica o política debe considerarse provisional.