El plan alcanzaría visas de turismo y negocios emitidas entre 2016 y 2026. La cifra de 200.000 procede de AP y aún no ha sido confirmada oficialmente.
WASHINGTON, EE. UU. — El gobierno de Estados Unidos prepara una revocación a gran escala de visas B1 y B2 pertenecientes a extranjeros que solicitaron asilo o mantienen una petición de asilo en el país, una medida que podría afectar hasta 200.000 documentos de viaje, según información obtenida por The Associated Press y confirmada en sus aspectos centrales por Reuters.
El plan se aplicaría a visas de negocios y turismo emitidas entre 2016 y 2026 y sería ejecutado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). AP informó que la medida se anunciaría en las próximas semanas, salvo que sea modificada o impugnada.
La cifra máxima de 200.000 visas requiere una precisión importante: procede del reporte de AP. Reuters confirmó el plan de revocación, pero señaló que el Departamento de Estado no había divulgado públicamente el número exacto de visas que resultarían afectadas.
La medida, por tanto, está en preparación y no debe interpretarse todavía como la cancelación consumada de 200.000 visas.
Las visas B1/B2 emitidas durante una década están en el centro del plan
Las visas B1 y B2 son documentos de no inmigrante utilizados, respectivamente, para determinados viajes temporales de negocios y turismo, y con frecuencia se expiden como una visa combinada B1/B2.
El Departamento de Estado explica que una visa válida permite a un extranjero viajar hasta un puerto de entrada estadounidense y solicitar admisión. No garantiza que la persona pueda entrar a Estados Unidos, porque esa decisión corresponde finalmente a las autoridades migratorias en el punto de ingreso.
Ese principio ayuda a entender una de las distinciones esenciales de la noticia: visa, admisión, estatus migratorio y solicitud de asilo no son conceptos equivalentes.
AP reportó que la operación prevista se dirige a personas que recibieron visas B1 o B2 entre 2016 y 2026 y posteriormente solicitaron asilo o se encuentran solicitándolo.
El planteamiento de la administración es que esas visas fueron concedidas para estadías temporales, mientras que la petición de asilo busca protección en Estados Unidos.
Revocar una visa no significa automáticamente una deportación inmediata
Una de las consecuencias que más puede prestarse a confusión es qué ocurre con una persona que ya se encuentra en territorio estadounidense.
La revocación de la visa no debe describirse como equivalente a una deportación automática e inmediata. Reuters informó que muchos de los afectados perderían su condición vinculada a la visa de visitante y pasarían a una situación migratoria distinta según las circunstancias individuales.
Además, una solicitud de asilo pendiente no crea por sí misma un nuevo estatus migratorio de no inmigrante.
Una decisión administrativa publicada por USCIS explica que presentar una solicitud de asilo no extiende automáticamente el estatus de no inmigrante ni concede, por ese solo acto, un nuevo “lawful status” para determinados efectos de la legislación migratoria.
Por esa razón, las consecuencias concretas no pueden generalizarse para las potenciales 200.000 personas. Dependerán, entre otros factores, de su situación migratoria individual, de la vigencia de su admisión y del estado de su procedimiento de asilo.
El Departamento de Estado todavía no ha confirmado públicamente las 200.000 visas
El dato más importante que permanece abierto es el volumen definitivo.
AP, que obtuvo documentos del Departamento de Estado y habló con dos funcionarios estadounidenses, situó el alcance potencial en hasta 200.000 visas y describió la operación como la mayor revocación masiva de visas de la historia de Estados Unidos.
Reuters confirmó posteriormente que la administración Trump planea retirar visas B1 y B2 a extranjeros que solicitaron o solicitan asilo, pero precisó que el Departamento de Estado no había revelado el número exacto de documentos afectados.
Eso establece dos niveles diferentes de certeza: el plan cuenta con confirmación periodística independiente; la cifra de hasta 200.000 continúa siendo una estimación reportada por AP.
Tampoco se ha localizado hasta esta revisión una comunicación pública del Departamento de Estado que detalle el procedimiento completo, calendario individual de notificaciones, excepciones o número final de personas alcanzadas.
La medida amplía un endurecimiento de la política de visas
La iniciativa se produce dentro de una política migratoria más restrictiva de la administración Trump.
El Departamento de Estado mantiene actualmente restricciones totales o parciales a la expedición de visas para nacionales de decenas de países. Desde el 1 de enero de 2026, por ejemplo, determinadas restricciones parciales alcanzan expresamente las visas B1/B2 de ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela.
El Gobierno también ha ampliado controles sobre solicitantes de varias categorías de visas y exige que determinados grupos mantengan sus perfiles de redes sociales públicos para facilitar revisiones de presencia en línea.
Otro frente afecta directamente a viajeros de negocios y turismo: Estados Unidos mantiene requisitos de fianzas de visa para nacionales de numerosos países, basados entre otros elementos en tasas de permanencia más allá del periodo autorizado.
Reuters informó el 24 de agosto que la administración ya había revocado más de 175.000 visas desde el inicio del actual mandato, aunque esas revocaciones responden a distintos motivos y no deben sumarse automáticamente a las potenciales 200.000 del nuevo plan.
Qué deben vigilar quienes tienen visa B1/B2 y solicitaron asilo
La información disponible no permite concluir que toda persona latinoamericana con visa B1/B2 vaya a perderla, ni que cualquier titular de esa categoría deba realizar un trámite nuevo.
El grupo descrito por AP es más específico: titulares de visas B1 o B2 emitidas entre 2016 y 2026 que hayan solicitado o estén solicitando asilo en Estados Unidos.
Tampoco existe por ahora una lista pública de nacionalidades que permita afirmar que el plan esté dirigido específicamente a Latinoamérica.
Para los potencialmente afectados, el siguiente hito será la comunicación formal del Departamento de Estado y los detalles de implementación. Hasta entonces, la cifra definitiva, las excepciones y el procedimiento individual de revocación continúan pendientes de confirmación oficial.
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