La Sala IV ordenó atender de inmediato a un hombre de 80 años cuya cita médica fue fijada para 2031 por el Hospital de Alajuela. Indignación nacional.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta nuevamente cuestionamientos por las listas de espera, luego de que un adulto mayor de 80 años recibiera una cita médica programada para el año 2031, pese a sufrir dolores crónicos de columna y cadera. El caso llegó a la Sala Constitucional, que ordenó la atención inmediata del paciente tras concluir que la reprogramación vulneraba su derecho fundamental a la salud.
El recurso de amparo interpuesto por el
paciente revela una secuencia de retrasos iniciada en 2019, año en que se había
programado la primera valoración ortopédica. Según el expediente, el Hospital
San Rafael de Alajuela reprogramó sucesivamente la consulta: primero para 2021,
luego para 2023, posteriormente para 2026 y, finalmente, para 2031.
La situación expuso un problema
estructural dentro del sistema de listas de espera. De acuerdo con informes
públicos de la CCSS, la institución acumula más de 1.2 millones de personas
registradas en algún proceso de espera y aproximadamente 190.000 pacientes
pendientes de cirugía, cifras que han sido reconocidas por la misma entidad en
reportes oficiales difundidos durante 2023 y 2024.
Las reprogramaciones, que en este caso
sumaban una espera total de 12 años, representan para expertos en políticas
públicas un desafío crítico en un país cuyo modelo de salud es ampliamente
valorado, pero se encuentra sometido a alta demanda y limitaciones de personal
especializado.
La Sala Constitucional, en numerosos
fallos previos, ha advertido que las listas de espera no pueden justificar la
interrupción o la postergación indefinida de servicios esenciales cuando existe
riesgo de deterioro grave en la salud del paciente. Este caso volvió a poner en
el centro el debate sobre la necesidad de modernizar los procesos
administrativos de la CCSS y fortalecer su capacidad de respuesta.
Reacciones y consecuencias
La vocera de la Sala Constitucional,
Denisse Mora, confirmó que el tribunal emitió una medida cautelar urgente, aun
antes de la sentencia definitiva, dada la naturaleza sensible del caso. “El
plazo fijado vulnera derechos fundamentales, en particular el derecho a la
salud y a recibir atención médica oportuna”, afirmó en declaraciones oficiales.
Los magistrados ordenaron al director
médico y al jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela
rendir un informe en un plazo de tres días hábiles. Paralelamente, instruyeron
al médico tratante a valorar de inmediato al paciente y determinar el
tratamiento adecuado, bajo su responsabilidad profesional.
La intervención del tribunal ha generado
una amplia discusión pública. Diversas organizaciones de personas adultas
mayores han señalado que los retrasos prolongados pueden constituir una forma
de discriminación indirecta, especialmente para quienes dependen de atención
especializada para mantener su movilidad o calidad de vida.
Por su parte, la CCSS ha reiterado en
comunicados previos que trabaja en estrategias para reducir los tiempos de
espera, incluyendo jornadas especiales, telemedicina y priorización de
pacientes según criterios clínicos. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo
insuficientes ante el volumen de población asegurada y la demanda creciente de
consultas en ortopedia, una de las especialidades con mayor saturación en
hospitales nacionales.
Qué se espera ahora
Con la medida cautelar en firme, el
hospital deberá justificar las razones administrativas y operativas que
llevaron a programar una cita ocho años en el futuro. La Sala IV evaluará si
existió una violación de derechos constitucionales y si corresponde ordenar
medidas adicionales para evitar que casos similares se repitan.
El caso podría convertirse en un
precedente importante para otros pacientes en condiciones de vulnerabilidad que
enfrentan retrasos significativos. En los últimos años, la Sala Constitucional
ha recibido entre 13.000 y 16.000 recursos relacionados con salud, lo que
evidencia la judicialización creciente de los servicios médicos en Costa Rica.
Expertos consultados por organismos
oficiales han señalado que los próximos meses serán clave para observar si se
implementan ajustes en la gestión de listas de espera, especialmente en
especialidades como ortopedia, oftalmología y dermatología, donde los tiempos
suelen extenderse más allá de los rangos clínicamente aceptables.
Mientras tanto, el adulto mayor
involucrado en el caso ya debe ser valorado según la orden judicial, lo que
permitirá definir un plan de atención acorde con su condición de salud y edad.
Datos relevantes
- 1.2 millones de personas en listas de espera de la CCSS — Fuente: CCSS, informes oficiales 2023–2024.
- 190.000 cirugías pendientes — Fuente: CCSS, reportes institucionales.
- Más de 13.000 recursos de salud anuales — Fuente: Sala Constitucional, estadísticas públicas.
Créditos
Autora:
María Paz Fernández
Jefa de
redacción: María Quesada
Fotografía:
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