Tres gestiones ante la Sala Constitucional impugnan el decreto 45870, que declaró secreto de Estado información de tres órganos de seguridad del país.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Sala Constitucional recibió dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 45870, publicado el 10 de agosto, que declaró secreto de Estado información de órganos de seguridad del Poder Ejecutivo, según informó La Nación este domingo.
La existencia de las gestiones no significa que el decreto haya sido anulado ni que la Sala haya determinado su constitucionalidad. Los procesos apenas abren una etapa de revisión judicial sobre los alcances de la medida.
Qué reservó el Poder Ejecutivo
El decreto comprende información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo interinstitucional denominado Fuerza Élite. Informaciones publicadas por EFE, Infobae y medios costarricenses señalan que la reserva alcanza documentos operativos y otros ámbitos vinculados con la gestión de esos órganos.
La presidenta Laura Fernández ha defendido la medida como una herramienta para proteger información sensible relacionada con seguridad nacional y operaciones contra el crimen organizado. Sus críticos sostienen que una reserva demasiado amplia podría limitar el acceso a información sobre presupuestos, contrataciones y fiscalización pública.
El debate constitucional
La Constitución costarricense reconoce límites al acceso a información cuando está de por medio la seguridad del Estado, pero juristas y organizaciones han planteado un debate sobre la amplitud del decreto y sobre cuáles materias pueden quedar sujetas a reserva.
Uno de los recursos, según La Nación, pide suspender cautelarmente los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo. Corresponde a la Sala decidir si admite cada gestión, qué medidas toma durante la tramitación y, posteriormente, si existe o no una lesión constitucional.
Transparencia y seguridad en tensión
El caso plantea una tensión habitual en democracias: proteger operaciones sensibles sin convertir la excepción de seguridad en una restricción general a la rendición de cuentas. La respuesta jurídica dependerá del texto exacto del decreto, de la Constitución y de la jurisprudencia aplicable.
La discusión también tiene una dimensión práctica. Información táctica sobre inteligencia, fuentes o despliegues puede requerir reserva, mientras que el uso de recursos públicos está sujeto a principios de control y transparencia. Determinar dónde se ubica esa frontera es parte de lo que deberán examinar las autoridades judiciales.
Con información de Gabriel Solano Mora, de CR Global News.
15:46 ET (19:46 GMT) 16 de agosto de 2026
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