Laura Fernández propone eliminar las pensiones de expresidentes, cinco días después de haber defendido ese beneficio.
La iniciativa, denominada “Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo de los Expresidentes de la República”, ingresó a la corriente legislativa como expediente 25.703 el mismo 12 de agosto. El proyecto pretende derogar el régimen especial y plantea que quienes ya reciben el beneficio únicamente puedan acceder a la pensión del régimen público al que efectivamente hayan contribuido, si cumplen los requisitos correspondientes.
El anuncio representa un cambio frente a las declaraciones de Fernández del 5 y 7 de agosto. También ocurre después de que cuatro diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaran contra otro proyecto que buscaba eliminar ese régimen en la Comisión de Asuntos Sociales.
De defender el beneficio a pedir su eliminación
El miércoles 5 de agosto, Fernández justificó las pensiones para expresidentes por las condiciones particulares vinculadas al ejercicio de la Presidencia y sostuvo que funcionaban como un reconocimiento que permitía a los exmandatarios mantener un nivel de vida después de dejar el cargo.
Dos días después, durante una actividad en La Guácima de Alajuela, volvió a abordar el tema. Aunque reiteró su oposición general a las pensiones de lujo, señaló que no estaba en contra de que un expresidente que necesitara el beneficio pudiera recibirlo y explicó que uno de los razonamientos históricos era reducir posibles compromisos con grupos que pudieran ofrecer trabajo a un mandatario después de abandonar el poder.
El miércoles 12 de agosto adoptó una posición diferente.
Fernández aseguró estar comprometida con la eliminación de las pensiones de expresidentes y afirmó que cada persona debería recibir únicamente la jubilación correspondiente a sus cotizaciones. Durante la conferencia entregó el proyecto al viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, para presentarlo ante la Asamblea Legislativa.
La mandataria sostuvo, pese al contraste con sus declaraciones anteriores, que mantiene coherencia entre sus principios y sus actuaciones y argumentó que en intervenciones previas había abordado el asunto solo parcialmente.
El oficialismo había rechazado otro proyecto ocho días antes
El giro presidencial tiene además un antecedente legislativo inmediato.
El 4 de agosto, la Comisión de Asuntos Sociales rechazó el expediente 24.793, presentado originalmente por diputados del Frente Amplio para eliminar el régimen especial de pensiones de expresidentes.
La propuesta obtuvo tres votos a favor y cinco en contra. Entre quienes la rechazaron estuvieron cuatro representantes del PPSO: Anna Katharina Müller, Esmeralda Britton, Roberth Barrantes y Royner Mora. También votó en contra la liberacionista Iztarú Alfaro, quien explicó que su decisión obedecía a razones de procedimiento.
Ese proyecto proponía eliminar el beneficio para futuros expresidentes y establecer condiciones económicas para quienes ya lo reciben. El nuevo expediente del Ejecutivo va más lejos al pretender que los actuales beneficiarios dejen de percibir esa pensión especial y conserven únicamente aquellas correspondientes a regímenes para los cuales hayan cotizado.
Precisamente ese alcance sobre beneficios ya otorgados podría abrir una discusión constitucional durante el trámite legislativo. Medios que revisaron el texto han señalado posibles cuestionamientos relacionados con derechos adquiridos; la constitucionalidad definitiva, sin embargo, deberá determinarse dentro de los mecanismos institucionales correspondientes y no puede darse por resuelta de antemano.
El nuevo proyecto también alcanzaría a Rodrigo Chaves
Fernández afirmó que la eliminación abarcaría tanto a expresidentes anteriores como a Rodrigo Chaves y a ella misma cuando concluya su mandato en 2030.
Chaves, expresidente entre 2022 y 2026 y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, adquirió el derecho al beneficio después de dejar la Presidencia. Su pago permanece suspendido mientras recibe remuneración como ministro.
Sin embargo, la evidencia disponible no permite afirmar que el proyecto de Fernández contradiga la posición histórica de Chaves sobre eliminar esas pensiones.
En febrero de 2025, Chaves dijo públicamente que firmaría de inmediato una ley que derogara el régimen de expresidentes y se identificó como opositor a las pensiones de lujo. Semanas antes había calificado el sistema de “enorme injusticia” y había reclamado reformas para eliminar privilegios en materia de jubilaciones.
En enero de 2026, cuando se acercaba el final de su mandato, Chaves dijo que analizaba qué hacer con el dinero que legalmente le correspondería: mencionó como alternativas pedir que no se le pagara temporalmente o destinarlo a una organización de bien social.
Por ello, el contraste documentado más sólido no es entre Fernández y Chaves, sino entre las posiciones que la propia Fernández sostuvo el 5 y 7 de agosto y la iniciativa presentada el 12 de agosto, además del voto previo de diputados oficialistas contra el expediente 24.793.
Qué propone el expediente 25.703 y qué sigue
El expediente 25.703 fue presentado formalmente el 12 de agosto y figura inicialmente como pendiente de asignación a comisión. Su propósito registrado es derogar la legislación que sustenta las pensiones de expresidentes.
El texto busca eliminar el capítulo correspondiente de la Ley 7302, Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, así como la Ley de Pensiones para Expresidentes. También establece disposiciones dirigidas a quienes actualmente reciben el beneficio.
A partir de ahora, la iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo, incluida su asignación a comisión, discusión, eventuales modificaciones y posteriores votaciones.
El debate tendrá dos dimensiones: el respaldo político necesario para aprobar la eliminación del régimen y la discusión jurídica sobre hasta dónde puede llegar una reforma respecto de pensiones ya reconocidas.
El episodio deja, además, una cronología política clara: el oficialismo rechazó una propuesta para eliminar el régimen el 4 de agosto; Fernández defendió o justificó el beneficio el 5 y el 7; y cinco días después de su segunda intervención presentó una iniciativa para eliminarlo.
Supervisión Editorial: María Quesada, Editora en Jefe | CR Global News
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