El líder del PRI lleva sus denuncias contra Morena a Washington y pide sanciones por una resolución del INE.
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.— Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abrió un nuevo frente internacional en su confrontación con Morena al presentar en Washington una denuncia contra tres integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras en México continúa pendiente un procedimiento para retirarle el fuero por acusaciones relacionadas con su etapa como gobernador de Campeche.
La nueva gestión forma parte de una estrategia que Moreno ha intensificado durante 2026 para llevar ante autoridades, legisladores y organismos internacionales sus acusaciones contra el oficialismo mexicano. Las imputaciones del dirigente priista sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado son acusaciones políticas y no deben presentarse como hechos probados.
El material inicial fue utilizado como punto de partida para una investigación independiente, conforme al criterio editorial de verificar, contrastar y actualizar la información antes de redactar.
Moreno denuncia ante Estados Unidos una resolución del INE
La más reciente visita de Moreno a Washington se produjo en agosto y es la tercera que realiza a la capital estadounidense durante 2026, después de viajes en febrero y mayo, según un recuento publicado este martes por El País. Desde el comienzo de la presidencia de Claudia Sheinbaum, el dirigente priista acumula cinco viajes a Washington.
En esta ocasión, Moreno presentó un escrito dirigido a instancias del Departamento de Estado contra Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
El dirigente sostiene que los consejeros afectaron su libertad de expresión al ordenar el retiro de publicaciones suyas y del PRI que empleaban expresiones para vincular a Morena con el narcotráfico y el crimen organizado. Morena había denunciado esos contenidos por considerarlos calumniosos. Moreno impugnó la determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá resolver la controversia.
El caso adquiere una dimensión adicional porque Moreno busca que autoridades estadounidenses adopten medidas contra funcionarios electorales mexicanos. De acuerdo con el reporte disponible, su escrito invoca como precedente las acciones adoptadas por Estados Unidos en 2025 contra el juez brasileño Alexandre de Moraes.
La información consultada no permite afirmar que el Departamento de Estado haya aceptado los argumentos de Moreno, iniciado un procedimiento sancionador o decidido aplicar medidas contra los consejeros. La presentación del escrito, por sí sola, no equivale a una sanción ni demuestra la veracidad de las acusaciones formuladas.
La ofensiva internacional del dirigente del PRI
La estrategia de Moreno en Estados Unidos antecede a esta última controversia electoral. En febrero de 2025, el propio PRI informó que su presidente había sostenido reuniones privadas en el Congreso estadounidense para abordar seguridad, migración, el T-MEC y la relación bilateral. En aquel momento ya anunciaba que llevaría al exterior sus denuncias sobre la situación democrática de México.
Durante 2026 elevó el tono. En mayo anunció solicitudes dirigidas a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro para que Estados Unidos considerara a Morena una “organización terrorista”, basándose en los supuestos nexos con organizaciones criminales que el dirigente atribuye a integrantes del oficialismo.
Moreno también había pedido al INE retirar el registro nacional de Morena. En abril sostuvo que el partido gobernante no debía continuar participando en elecciones debido a los presuntos vínculos con el crimen organizado que él le atribuye.
Estas afirmaciones constituyen posiciones y acusaciones del dirigente opositor. Las fuentes consultadas no establecen que Morena, como partido político, haya sido judicialmente declarado una organización criminal o terrorista.
El INE, en medio de una disputa sobre los límites de la expresión política
La controversia ocurre además en un contexto en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha tenido que decidir sobre contenidos partidistas particularmente duros.
El 11 de junio, por ejemplo, el organismo informó oficialmente que rechazó una solicitud de Morena para retirar promocionales del PAN relacionados con inseguridad. La Comisión consideró entonces que, en un análisis preliminar, el material constituía crítica política y no contenía una imputación expresa y directa de un delito o hecho presuntamente falso.
Ese antecedente no determina el resultado del litigio de Moreno, pero muestra que las decisiones sobre propaganda, calumnia y libertad de expresión dependen del contenido concreto de cada expediente.
La impugnación del priista ante el TEPJF será, por ello, una vía institucional clave para establecer si la medida cuestionada se ajustó a las normas electorales mexicanas.
El proceso de desafuero permanece como otro frente para Moreno
La ofensiva internacional coincide con un problema jurídico interno para el dirigente opositor.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó en julio de 2025 una solicitud de declaración de procedencia para retirar la inmunidad parlamentaria de Moreno. El procedimiento está relacionado con acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones por un presunto desvío superior a 83 millones de pesos durante su administración como gobernador de Campeche.
Se trata de acusaciones que deben mantenerse bajo el principio de presunción de inocencia. La existencia de una solicitud de desafuero no equivale a una declaración de culpabilidad.
En marzo de 2026, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, informó que el análisis había sufrido aplazamientos. El expediente sigue siendo relevante porque la eventual declaración de procedencia permitiría avanzar judicialmente en las imputaciones que dieron origen a la petición.
Moreno, por su parte, sostiene que las acciones en su contra responden a una persecución política impulsada desde el oficialismo. Esa es su interpretación del procedimiento y no una conclusión judicial.
Una disputa mexicana con creciente dimensión internacional
La coincidencia entre las gestiones de Moreno en Washington y el procedimiento de desafuero aumenta la tensión política alrededor del dirigente del PRI.
Para el priismo, acudir a instituciones y actores internacionales forma parte de una estrategia para denunciar lo que considera un deterioro democrático en México. Para sus adversarios, las acusaciones forman parte de la confrontación política interna.
Lo comprobable es que Moreno ha convertido Washington en un escenario recurrente de su estrategia opositora: ha sostenido reuniones políticas, presentado documentos ante dependencias estadounidenses y trasladado al exterior controversias que involucran a Morena y, ahora, a autoridades electorales mexicanas.
Qué ocurre ahora
Dos procesos serán determinantes para medir las consecuencias concretas de esta ofensiva.
En el ámbito electoral, deberá conocerse la resolución del TEPJF sobre la impugnación relacionada con las publicaciones cuestionadas. En el político-jurídico, permanece pendiente el desenlace del procedimiento de declaración de procedencia contra Moreno.
También habrá que distinguir entre las solicitudes que el dirigente presenta en Estados Unidos y las decisiones que efectivamente adopten las autoridades estadounidenses. Hasta ahora, las fuentes consultadas confirman las gestiones del dirigente priista, pero no una decisión de Washington de sancionar a los consejeros electorales mexicanos denunciados.
Supervisión Editorial: María Quesada, Editora en Jefe | CR Global News
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