Resolución
Sala IV determina que abucheos estudiantiles contra Ada Acuña en la UNA fueron
libertad de expresión legítima.
Sala IV respalda libertad de expresión en caso Ada Acuña
HEREDIA,
COSTA RICA.— La Sala Constitucional de Costa Rica, conocida
como Sala IV, rechazó un recurso de amparo presentado por la diputada
oficialista Ada Acuña Castro tras los abucheos recibidos durante un acto cívico
en la Universidad Nacional (UNA). El Tribunal determinó que las manifestaciones
estudiantiles se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de
expresión y no constituyeron agresión ni expulsión forzada.
La resolución 2025-38016, dictada el 14 de noviembre de 2025, marca un precedente relevante sobre los límites entre la crítica política y la protección de derechos fundamentales en espacios universitarios públicos.
¿Qué
resolvió la Sala IV exactamente?
El alto
tribunal concluyó, por mayoría, que los abucheos y consignas lanzadas contra la
legisladora no implicaron violencia física, apología del odio ni incitación a
la violencia.
Los
magistrados verificaron que:
- No hubo contacto físico.
- No se acreditó expulsión
formal.
- La diputada decidió
retirarse voluntariamente.
- Las expresiones se dieron en
un contexto de protesta política.
El fallo
recordó además que los funcionarios públicos, especialmente los diputados,
deben tolerar un mayor nivel de escrutinio y crítica ciudadana.
Voto
salvado parcial
Tres
magistrados salvaron parcialmente el voto y consideraron que el recurso debió
declararse con lugar respecto a la universidad, lo que introduce un matiz
institucional sobre el deber de garantizar condiciones adecuadas en actos
oficiales.
El
contexto: abucheos en acto de independencia
El
incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2024 en la Plaza de la Diversidad de
Pensamiento, en el campus Omar Dengo de la UNA, durante la conmemoración de los
204 años de la independencia de Costa Rica.
La
actividad fue organizada por la Vicerrectoría de Extensión, que mediante oficio
formal invitó a Acuña en su calidad de diputada representante de Heredia.
Durante
el acto, el representante estudiantil ante el Consejo Universitario expresó el
rechazo de la Federación de Estudiantes (FEUNA) a la presencia de la
legisladora.
Entre las
consignas coreadas se escuchó:
“¡Fuera
recortista!”
Las
críticas se relacionaron con la postura de la bancada oficialista respecto al
Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Libertad
de expresión en espacios universitarios
La Sala
IV enmarcó los hechos dentro del derecho constitucional a la libertad de
expresión, uno de los pilares del sistema democrático costarricense.
En su
análisis, el Tribunal subrayó que:
- Las universidades públicas
son espacios de debate plural.
- La crítica política, incluso
enérgica, forma parte del discurso protegido.
- La ausencia de violencia fue
determinante.
¿Dónde
está el límite?
El límite
se encuentra en la violencia, la incitación al odio o la restricción ilegítima
del ejercicio de derechos. Según el fallo, ninguno de esos elementos se
configuró en este caso.
Impacto
político: tensión entre Ejecutivo y universidades
El
episodio se inscribe en un contexto de fricción entre el oficialismo y el
sector universitario.
La
diputada Acuña, junto con legisladores afines al presidente Rodrigo Chaves
Robles, ha cuestionado la gestión y asignación de recursos del FEES.
Para
sectores estudiantiles, esas posiciones representan políticas “recortistas”.
Para el Gobierno, se trata de una revisión necesaria del gasto público.
Esta
tensión amplifica la carga simbólica del caso.
Impacto
social: ¿censura o participación ciudadana?
El fallo
abre un debate relevante:
¿Los
abucheos constituyen censura o son expresión legítima de participación
política?
La Sala
IV optó por la segunda interpretación, reforzando la idea de que la crítica
ciudadana —aunque incómoda— es parte del sistema democrático.
Micro-análisis
comparativo
En casos
anteriores relacionados con protestas en universidades públicas, el Tribunal ha
sido consistente en proteger el discurso político siempre que no derive en violencia.
Este
patrón jurisprudencial confirma una línea clara: la protección amplia de la
libertad de expresión frente a figuras públicas.
Impacto
económico: el trasfondo del FEES
El
conflicto no es meramente simbólico. El FEES representa miles de millones de
colones anuales destinados a la educación superior pública.
Cualquier
revisión presupuestaria tiene implicaciones en:
- Investigación científica
- Programas de extensión
- Becas estudiantiles
- Desarrollo regional
Por eso el
tema genera alta sensibilidad social.
¿Por qué
esta resolución cambia el panorama?
Porque
establece un mensaje institucional claro:
La
protesta política en espacios académicos goza de protección constitucional
amplia.
Esto
podría:
1.
Fortalecer la movilización estudiantil.
2.
Elevar la tolerancia exigida a figuras públicas.
3.
Definir parámetros para futuras controversias
similares.
Escenarios
futuros (hipótesis)
1.
Mayor polarización política en
campus universitarios.
2.
Nuevos recursos de amparo en
casos de protesta institucional.
3.
Debate legislativo sobre
protocolos de actos oficiales en universidades.
Si la
tensión presupuestaria continúa, es probable que estos episodios se repitan.
¿Qué
significa esto para los ciudadanos?
Significa
que:
- La crítica política está
protegida.
- Las figuras públicas deben
soportar mayor escrutinio.
- La protesta pacífica no
equivale a violación de derechos.
En
términos democráticos, el fallo refuerza el equilibrio entre libertad y
responsabilidad.
Señales
de autoridad y precedente
La Sala
IV es el máximo intérprete constitucional en Costa Rica. Sus resoluciones fijan
criterios obligatorios.
El hecho
de que la decisión fuera por mayoría, con votos salvados parciales, demuestra
deliberación interna y no un fallo automático, lo que fortalece su legitimidad
institucional.
Por Andrea López | Editora Política | CR Global News | San José