Doce diputados electos del PPSO asumen curul con 48 causas en investigación, lo que activa el fuero y traslada los expedientes a un trámite especial.
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| La investidura legislativa activa el fuero y cambia el procedimiento de causas penales en investigación |
SAN JOSÉ, COSTA RICA.— La llegada de doce diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) al Congreso activa de inmediato el régimen de inmunidad parlamentaria, un mecanismo constitucional que no cancela ni archiva las 48 causas penales en investigación que pesan sobre ellos, pero sí modifica sustancialmente la forma en que el Estado puede avanzar en esos expedientes mientras ocupen una curul.
El cambio no es menor. A partir
de la investidura legislativa, las investigaciones dejan la vía ordinaria y
pasan a un procedimiento especial que involucra a la Fiscalía General y,
en última instancia, a la propia Asamblea Legislativa, encargada de decidir si
levanta o no el fuero que protege a sus integrantes. El escenario adquiere
mayor relevancia debido al tamaño que tendría la fracción del PPSO, que
preliminarmente rondaría entre 30 y 31 escaños, una de las bancadas más
grandes de la historia reciente.
El fuero no absuelve: qué protege
realmente la inmunidad parlamentaria
Desde el punto de vista jurídico,
la inmunidad parlamentaria —también conocida como fuero de improcedibilidad—
no constituye una declaración de inocencia ni una suspensión automática de
investigaciones. Su objetivo es proteger la función legislativa frente a
presiones o persecuciones políticas, no blindar a personas frente a eventuales
responsabilidades penales.
Así lo ha explicado el propio Ministerio
Público de Costa Rica: cuando una persona con inmunidad es investigada, la
Fiscalía puede continuar recopilando información, pero para avanzar hacia
etapas procesales más profundas se requiere un antejuicio y la eventual
autorización política para levantar el fuero.
En términos prácticos, esto introduce más filtros, más tiempos y más actores en el proceso.
Una fracción mayoritaria bajo
escrutinio judicial
El impacto político del caso no
reside únicamente en el número de expedientes, sino en su coincidencia con un escenario
legislativo concentrado. Una fracción con peso decisivo en el Plenario
puede influir en comisiones, agenda y votaciones clave, incluidas aquellas
relacionadas con levantamientos de inmunidad.
Este cruce entre poder político e
investigaciones abiertas tensiona dos principios democráticos:
- la independencia del
Parlamento, y
- el derecho ciudadano a que
las denuncias se tramiten sin bloqueos indebidos.
Es importante subrayar que todas
las causas mencionadas se encuentran en fase de investigación, un estado
procesal que no implica acusación formal ni condena. Sin embargo, la magnitud
acumulada de expedientes convierte el tema en un asunto de interés público
estructural, no meramente individual.
Del Poder Ejecutivo al Congreso:
continuidad política y costos institucionales
Una parte significativa de las
personas señaladas proviene del entorno gubernamental del presidente Rodrigo
Chaves, incluyendo exjerarcas y exdirectivos de instituciones públicas. El
salto del Ejecutivo al Legislativo, aunque legítimo desde el punto de vista
electoral, traslada al Congreso controversias no resueltas que ahora
deberán gestionarse bajo reglas distintas.
Este fenómeno plantea una
pregunta clave para el sistema político costarricense: ¿está preparado el
Parlamento para ejercer control político y, al mismo tiempo, actuar como filtro
en procesos de desafuero que involucran a su propia mayoría?
La respuesta no depende solo de
normas jurídicas, sino de voluntad política y credibilidad institucional.
CCSS y gestión pública: cuando el
foco se traslada a la administración de servicios esenciales
Entre los nombres más mencionados
figura el de una exjerarca vinculada a la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), institución que concentra algunas de las decisiones más sensibles del
Estado costarricense. Las investigaciones asociadas a su gestión incluyen
presuntos delitos administrativos y de probidad.
El interés público aquí no radica
en la cantidad de expedientes, sino en el tipo de institución involucrada.
Cuando se trata de salud pública y recursos colectivos, cualquier señalamiento
—aun en etapa preliminar— tiene un impacto directo en la confianza ciudadana.
El traslado de estos casos a un
trámite de antejuicio refuerza la necesidad de máxima transparencia,
precisamente para evitar que el fuero sea percibido como una barrera y no como
una garantía institucional.
Hacienda, educación y cultura: la
dispersión sectorial de las investigaciones
Las causas en investigación no se
concentran en un solo ámbito del Estado. También alcanzan áreas como Hacienda,
Educación, Cultura, Deportes y desarrollo territorial. Esta dispersión
sectorial tiene un efecto claro: el debate sobre inmunidad deja de ser un
asunto técnico y se convierte en un tema transversal de gobernanza.
Cada sector representa públicos
distintos, intereses específicos y expectativas ciudadanas particulares. En
conjunto, configuran un escenario donde el Congreso deberá gestionar no solo
leyes, sino también percepciones de integridad.
Figuras no tradicionales y
política contemporánea
Otro elemento novedoso del caso
es la presencia de perfiles no tradicionales en la política, como asesores
cercanos al poder y figuras con alta exposición en redes sociales. Este
fenómeno refleja un cambio en la forma de hacer campaña y construir liderazgo,
pero también amplifica el escrutinio público.
En la era digital, cualquier
investigación penal —aunque esté en fase preliminar— se convierte rápidamente
en narrativa política. Esto eleva la responsabilidad institucional de
diferenciar entre denuncia, investigación y resolución judicial, sin
caer en juicios anticipados ni silencios estratégicos.
Escenarios posibles para el
levantamiento de inmunidad (hipótesis)
Escenarios hipotéticos, no
confirmados, que podrían materializarse durante la
legislatura:
1.
Desafueros selectivos,
tramitados caso por caso, con acuerdos puntuales entre fracciones.
2.
Bloqueo político, si no
se alcanzan las mayorías requeridas para autorizar procesos penales ordinarios.
3.
Reformas procedimentales,
orientadas a modificar plazos o mecanismos del antejuicio, con el riesgo de
debilitar o fortalecer controles según su diseño.
En todos los casos, el
denominador común será la presión pública por resultados claros y tiempos
razonables.
El desafío de fondo: legitimidad
democrática y rendición de cuentas
Más allá de nombres, partidos o
coyunturas, el caso plantea un desafío estructural: cómo garantizar que la
inmunidad parlamentaria cumpla su función protectora sin erosionar la confianza
en la justicia.
La respuesta no está en suprimir
el fuero, sino en administrarlo con rigor, transparencia y coherencia
democrática. El Congreso que inicia funciones tendrá en sus manos no solo
leyes, sino la credibilidad del sistema político frente a uno de los debates
más sensibles de la democracia costarricense.
Por Andrea López | Periodista
Nacional | CR Global News | San José
2 de febrero de 2026, 06:18