SAN JOSÉ, COSTA RICA.— El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó el traslado de ₡5.731 millones provenientes de recursos asociados con plazas vacantes del sector público, en medio de una disputa presupuestaria que coincide con una etapa de alta presión sobre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

El director interino del OIJ, Michael Soto Rojas, indicó que los fondos serían utilizados para reforzar gastos operativos, equipamiento e infraestructura.

Para qué utilizaría el OIJ los recursos

Según Soto, el dinero permitiría financiar necesidades como combustible, viáticos, repuestos de vehículos, equipos de protección, implementos policiales e insumos científicos utilizados en las investigaciones.

Parte de los fondos también podría utilizarse para atender problemas de infraestructura y espacio físico.

El reclamo ocurre además de otros ajustes presupuestarios que han generado diferencias entre autoridades judiciales y el Ejecutivo.

Presupuesto de seguridad se convierte en tema político

El debate sobre el financiamiento del OIJ ha adquirido relevancia debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país y a investigaciones recientes contra estructuras de narcotráfico y crimen organizado.

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto aprobado para 2026 y durante su tramitación legislativa recibió recursos adicionales dirigidos específicamente al Ministerio Público y al OIJ.

Entre las mociones incorporadas al presupuesto se incluyeron fondos para nuevas plazas del OIJ, alquileres y adquisición de vehículos.

Eso significa que la actual controversia sobre los ₡5.731 millones debe distinguirse del presupuesto ordinario aprobado previamente.

El reclamo coincidió con la captura de alias “Diablo”

Soto indicó que recibió la información sobre la negativa a trasladar los recursos durante el operativo en el que el OIJ capturó a Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, uno de los objetivos más buscados por las autoridades.

La coincidencia temporal intensificó el debate público sobre si los organismos de investigación disponen de los recursos necesarios.

No obstante, el éxito o fracaso de una operación policial individual no permite por sí solo medir la suficiencia presupuestaria de toda una institución.

Qué ocurre ahora

La discusión deberá resolverse mediante las vías presupuestarias y administrativas correspondientes.

Un punto fundamental será determinar jurídicamente el destino obligatorio de los recursos de plazas vacantes y cuánto corresponde efectivamente al OIJ y al Ministerio de Seguridad.