SAN JOSÉ, COSTA RICA.— La disputa por el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional abrió una nueva fase de tensión entre el Gobierno de Laura Fernández, la bancada oficialista y el Poder Judicial, después de que el tribunal adoptara una salida para garantizar su funcionamiento ante la falta de designaciones legislativas y el Ejecutivo calificara la actuación como un supuesto “golpe de Estado”.

La controversia tiene efectos que van más allá del enfrentamiento político. La Sala Constitucional es el tribunal encargado de resolver recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y otros procesos relacionados con la protección de derechos fundamentales.

La propia Sala había advertido desde junio que la ausencia de magistraturas suplentes estaba afectando su capacidad operativa. En ese momento reportó 87 expedientes con inhibitorias y pidió a los actores políticos completar las designaciones.

Por qué los magistrados suplentes son claves para la Sala IV

La Sala Constitucional está integrada por siete magistrados propietarios y 12 suplentes. Estos últimos sustituyen a los titulares cuando existen ausencias, impedimentos, recusaciones u otras circunstancias que impiden integrar el tribunal normalmente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional son nombrados por la Asamblea Legislativa y permanecen cuatro años en sus cargos.

El conflicto se agravó después de meses sin que el Congreso completara los nombramientos.

La disputa política pasó entonces de la discusión sobre quién debía ocupar los puestos a una controversia sobre la capacidad del tribunal para preservar la continuidad del servicio constitucional.

Gobierno cuestiona la decisión y crece la disputa entre poderes

La presidenta Laura Fernández cuestionó la actuación del tribunal, mientras dirigentes del oficialismo anunciaron acciones contra magistrados y objetaron la legitimidad de la resolución.

El episodio recibió posteriormente atención internacional por tratarse de un enfrentamiento entre dos poderes fundamentales del Estado costarricense.

La controversia ocurre, además, en un momento en que Gobierno y Poder Judicial mantienen diferencias sobre presupuesto, seguridad pública, funcionamiento de la justicia y reformas institucionales.

Qué ocurre ahora

El Congreso sigue teniendo la competencia constitucional de nombrar a los magistrados suplentes.

La evolución del conflicto dependerá de si las bancadas legislativas alcanzan un acuerdo sobre esas designaciones y de las eventuales acciones judiciales o legislativas que se presenten contra la resolución cuestionada.

Mientras eso ocurre, el principal impacto práctico para la ciudadanía es la necesidad de garantizar que la Sala IV pueda continuar conociendo recursos destinados a proteger derechos constitucionales.