SAN JOSÉ, COSTA RICA.— El Gobierno de Laura Fernández avanzó con un nuevo paquete legislativo de seguridad que busca ampliar los delitos por los cuales un costarricense podría ser extraditado, endurecer las sanciones contra la minería ilegal y modificar varias etapas del sistema penal y penitenciario.

La propuesta de extradición plantea modificar nuevamente el artículo 32 de la Constitución, después de que Costa Rica habilitara recientemente la entrega de nacionales por narcotráfico internacional y terrorismo.

Qué delitos quiere incorporar el Gobierno a la extradición

La propuesta anunciada por el Ejecutivo agrega legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, sicariato, ciertos homicidios asociados con estructuras criminales, participación en organizaciones transnacionales y determinados delitos informáticos.

El Gobierno sostiene que la extradición continuaría requiriendo una decisión judicial firme y que la conducta investigada tendría que constituir delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.

No se trataría, por tanto, de una entrega automática.

Minería ilegal podría recibir penas más severas

Otro eje del paquete endurece las sanciones por minería ilegal, un problema particularmente visible en Crucitas, San Carlos.

La propuesta contempla penas mayores para extracción, procesamiento, financiamiento y apoyo logístico de operaciones ilícitas, además del decomiso de maquinaria, vehículos, minerales y ganancias vinculadas con estas actividades.

El expediente plantea también mecanismos para inmovilizar registralmente propiedades relacionadas con explotación minera ilícita durante investigaciones judiciales.

El paquete es más amplio que extradición y minería

Las iniciativas incluyen modificaciones al proceso penal para sustituir la audiencia preliminar, cambios en el uso del monitoreo electrónico, reformas relacionadas con personas sometidas a apremio corporal por pensiones alimentarias y una revisión de los grados policiales.

Cinco iniciativas recibieron los expedientes 25.672 a 25.676 durante la primera presentación del paquete.

Las propuestas deberán superar el trámite legislativo correspondiente y algunas, particularmente las reformas constitucionales, requieren procedimientos y mayorías más exigentes que una ley ordinaria.

Qué ocurre ahora

El debate se trasladará a la Asamblea Legislativa.

Los principales puntos a vigilar serán el texto definitivo de la reforma constitucional sobre extradición, los criterios técnicos del Poder Judicial y otras instituciones consultadas, y los cambios que puedan introducir las bancadas mediante mociones.