Trump
limita el cupo anual de refugiados a 7 500 y da prioridad a afrikáners
sudafricanos. Conoce los detalles y las reacciones oficiales. Una decisión que
redefine la política migratoria de EE. UU.
Washington D. C., | El gobierno del presidente
Donald Trump anunció este jueves una reducción drástica del programa de
admisión de refugiados de Estados Unidos.
El
nuevo límite anual será de 7 500 personas, una cifra 94 % menor que el cupo de
125 000 establecido en 2021 durante la administración de Joe Biden.
Según
un comunicado publicado en el Registro Federal, la medida “responde a razones
humanitarias y de interés nacional”, aunque no especifica los criterios que
sustentan dicha interpretación. La prioridad, agrega el texto, se otorgará
“principalmente a sudafricanos afrikáners y otras víctimas de discriminación
injusta en sus países de origen”.
Antecedentes:
suspensión del programa de refugiados
La
decisión se enmarca en la orden ejecutiva firmada en enero de 2025, mediante la
cual Trump suspendió el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos
(USRAP).
El
mandatario argumentó entonces que el sistema debía “reevaluarse” para reforzar
la seguridad nacional y evitar “sobrecargar los recursos de las comunidades
estadounidenses”.
De
acuerdo con el texto oficial, el objetivo es garantizar que el proceso de asilo
“no comprometa la seguridad pública ni los intereses económicos de los
ciudadanos estadounidenses”.
Prioridad
a afrikáners sudafricanos
En
mayo de 2025, el presidente Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo
sudafricano Cyril Ramaphosa. Durante la reunión, expresó su preocupación por
“la violencia y la persecución de granjeros blancos” en Sudáfrica.
Pocos
días después, Estados Unidos concedió asilo a 60 ciudadanos afrikáners, lo que
generó tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.
La
nueva disposición amplía esta línea de acción, consolidando un enfoque que
analistas interpretan como una priorización ideológica más que humanitaria.
Reacciones
de organizaciones y expertos
La
medida ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y agencias
de asistencia internacional.
Krish
O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, declaró que “esta decisión no
solo reduce el límite de admisión de refugiados, también menoscaba la autoridad
moral de Estados Unidos”.
Según
la experta, “en un momento de crisis en países como Afganistán, Venezuela o
Sudán, concentrar la mayoría de las admisiones en un solo grupo socava el
propósito del programa y su credibilidad”.
Por
su parte, Human Rights Watch advirtió en un comunicado que la política
“establece un precedente discriminatorio” y puede debilitar el liderazgo
estadounidense en materia de protección internacional.
Reacción
del gobierno sudafricano
Hasta
el momento, el gobierno de Sudáfrica no ha emitido una respuesta oficial.
Sin
embargo, en declaraciones previas, el presidente Ramaphosa manifestó su deseo
de que Washington “escuche a todas las comunidades sudafricanas antes de tomar
decisiones unilaterales”.
Añadió
que existen “dudas e incredulidad sobre la percepción que tiene Trump de la
situación” en su país.
Expertos
en relaciones internacionales consideran que la medida podría reconfigurar la
política migratoria global y alterar los compromisos de Estados Unidos con el
ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
El
analista Miguel Álvarez, del Centro de Estudios Hemisféricos, señaló que
“reducir el número de refugiados a una fracción y privilegiar un grupo étnico
específico rompe con décadas de tradición humanitaria”.
Según
Álvarez, “el impacto podría sentirse en alianzas estratégicas y en la imagen
internacional de EE. UU. como país de acogida”.
De
acuerdo con datos de ACNUR (2024), más de 110 millones de personas se
encontraban desplazadas forzosamente en el mundo, una cifra récord impulsada
por los conflictos en Sudán, Ucrania, Myanmar y Gaza.
La
decisión de Washington se produce mientras la Unión Europea y Canadá mantienen
políticas de reasentamiento más amplias y diversificadas.
La
reducción del cupo de refugiados en Estados Unidos marca un cambio histórico en
la política migratoria del país.
Mientras
el gobierno argumenta motivos de seguridad y priorización, las organizaciones
internacionales alertan sobre el riesgo de discriminación y pérdida de
legitimidad moral.
El
debate continúa abierto, y se espera que el Congreso estadounidense y los
tribunales federales examinen la legalidad de la medida en los próximos meses.
Por
María Quesada, CR Global News.
Washington D. C., 30 de octubre de 2025, 18:12 GMT.
Este
artículo fue elaborado con fuentes verificadas —Registro Federal de EE. UU.,
Global Refuge y ACNUR— y revisado bajo los estándares editoriales de CR Global
News.