Amador
señaló que Randall Chuken le ofreció dinero de campaña y participó en reuniones
sobre la vía Barranca-Limónal.
San José,
Costa Rica — El exministro del MOPT Luis Amador declaró ante la Fiscalía que el
abogado Randall Chuken Vargas, vinculado a reuniones del presidente Rodrigo
Chaves Robles, le ofreció financiamiento para su campaña electoral, en
encuentros donde se abordó la posible cesión del contrato de la vía
Barranca-Limónal.
El
testimonio de Amador ante la Fiscalía revela una trama que combina política,
obra pública y presunto financiamiento electoral. Según su declaración, el
abogado Chuken —de 55 años—, quien “acompañó” al presidente Chaves en reuniones
con constructoras, acudió a la oficina del exministro cuando éste estaba al
frente del MOPT.
Amador
aseguró que en la visita, Chuken le ofreció apoyo financiero en caso de que
decidiera aspirar a la presidencia, y lo vinculó con la obra de ampliación de
la vía Barranca-Limónal, asignada al consorcio Estrella-H Solís.
El
exjerarca explicó que le causó extrañeza la presencia de un abogado privado en
reuniones donde participaban constructoras y el mandatario, y en las que se
habría discutido la cesión del contrato de la carretera.
Esta obra
vial —clave para la conectividad del Pacífico costarricense— ha sido foco de
controversia por su magnitud, adjudicación y el papel del Estado como
regulador. El vínculo entre un abogado privado y los procesos de transición del
contrato añade una nueva dimensión de interés público.
Amador
aclaró que en el momento él ejercía funciones ministeriales y que la oferta de campaña
le pareció inusual y políticamente relevante. Chuken, añadió, no ocupaba cargo
público, pero ejercía como “acompañante” del presidente en los encuentros con
empresas.
Por su
parte, la Fiscalía no ha dado a conocer públicamente si ha abierto una
investigación formal por esos hechos específicos, ni ha comentado sobre la
veracidad de las declaraciones de Amador. No obstante, la revelación añade
presión al sistema de rendición de cuentas sobre financiamiento electoral y
contratación pública.
El hecho
se inserta en un contexto de escrutinio creciente sobre el gobierno de Chaves,
quien ha enfrentado cuestionamientos por la administración de obras públicas y
el financiamiento de campañas políticas.
Desde el
punto de vista legal, si se demuestra que hubo ofrecimiento de dinero para
campaña vinculado a una obra pública, podrían configurarse responsabilidades en
materia de financiamiento irregular y tráfico de influencias. Expertos
consultados señalan que la clave estará en determinar cuándo y cómo se hizo la
oferta, si existió contra prestación y si hubo participación del mandatario.
En este
sentido, el testimonio de Amador se convierte en pieza relevante: no solo
porque proviene de un exalto funcionario, sino también porque añade datos
concretos sobre nombres, fechas aproximadas y contexto de la oferta. Queda
pendiente conocer los nombres de las constructoras presentes en la reunión, el
contenido exacto de la “cesión del contrato” y la ubicación de las pruebas
documentales.
La
ciudadanía observa con atención: Costa Rica tiene compromisos internacionales
para combatir la corrupción y garantizar transparencia en la contratación
pública. Los órganos de control —como la Contraloría General de la República y
el órgano electoral— podrían dar seguimiento a este caso.
Adicionalmente,
la dimensión política resulta evidente: si el abogado Chuken actúa como
intermediario cercano al presidente y ofrece dinero a un ministro, el escenario
adquiere implicaciones sobre la separación entre campaña y Estado, y sobre la
ética del poder.
La
administración de Rodrigo Chaves aún no ha emitido una declaración oficial
sobre el testimonio de Amador. Tampoco se conocen hasta ahora sanciones o
medidas cautelares en su contra. La capacidad de transparencia y acción
institucional se somete ahora a prueba.
Este tipo
de revelaciones pueden influir en la percepción pública del gobierno, la
confianza institucional y la evolución de los procesos de control democrático
en Costa Rica. Para el exministro Amador, la decisión de declarar ante la
Fiscalía indica que el tema trasciende lo político y se encamina al ámbito
penal.
El país
espera que la Fiscalía informe con mayor detalle sobre los pasos a seguir, el
estado de investigación y qué tan vinculadas están estas declaraciones con
posibles causas activas. Hasta entonces, la oferta que describe Amador
permanece bajo reserva de investigación.
En
resumen: una declaración que introduce elementos nuevos al debate sobre obras
públicas, campaña y responsabilidad política en Costa Rica.
Por María
Quesada, CR Global News.
25 de
octubre de 2025.