El
Gobierno incorporó a sesiones extraordinarias una reforma sobre delitos
ambientales, mientras el Frente Amplio retiró 66 mociones al proyecto de
minería en Crucitas para facilitar la negociación legislativa.
SAN JOSÉ,
COSTA RICA.— El Poder Ejecutivo incorporó a la agenda de
sesiones extraordinarias el expediente 23.952, una reforma dirigida a
fortalecer la investigación de delitos ambientales relacionados con estructuras
criminales, mientras el Frente Amplio retiró 66 mociones presentadas al
proyecto que plantea regular la exploración y explotación de oro en Crucitas.
La
convocatoria abrió la posibilidad de que el Plenario continúe con la discusión
del expediente ambiental durante el periodo en el que el Gobierno controla las
materias que pueden ser conocidas por la Asamblea Legislativa. La medida forma
parte de las negociaciones entre el oficialismo y las bancadas opositoras para
buscar respuestas a la extracción ilegal de oro en Cutris de San Carlos.
El movimiento no elimina las diferencias políticas alrededor de Crucitas. El Frente Amplio mantiene su oposición al expediente 24.717, que permitiría un esquema especial de exploración y explotación minera, pero aceptó reducir parte de sus mociones después de que el Ejecutivo convocara su propuesta sobre delitos ambientales.
Gobierno
incorpora el expediente 23.952 a sesiones extraordinarias
El
expediente 23.952, denominado “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha
contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales”, fue presentado
el 21 de septiembre de 2023 por legisladores de la anterior bancada del Frente
Amplio.
La ficha
legislativa disponible señala que la iniciativa fue dictaminada por la Comisión
de Ambiente y que existe una versión actualizada con fecha del 11 de febrero de
2026. Su propósito general es dotar a la Fiscalía Ambiental, al Ministerio
Público y a otras autoridades de instrumentos jurídicos para investigar delitos
ambientales cuando sean cometidos por redes organizadas.
Su
incorporación a sesiones extraordinarias es relevante porque el artículo 118 de
la Constitución Política establece que, durante ese periodo, la Asamblea no
puede conocer materias distintas de las incluidas en el decreto de convocatoria
del Poder Ejecutivo, salvo excepciones constitucionales específicas.
La
convocatoria, por sí sola, no significa que la propuesta haya sido aprobada.
Permite que el expediente sea discutido, priorizado y sometido a votación, de
acuerdo con su etapa procesal y con las decisiones que adopte el Directorio
legislativo.
Información
divulgada por medios nacionales entre el 15 y el 18 de julio indica que el
proyecto ya había completado los dos días de mociones establecidos mediante el
artículo 137 del Reglamento legislativo y se encontraba en condiciones de
avanzar hacia su discusión en primer debate.
Qué
propone la reforma sobre delitos ambientales
La
iniciativa nació con el objetivo de modificar varias leyes ambientales que
contienen sanciones penales, entre ellas la Ley de Conservación de la Vida
Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de
Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.
El
planteamiento inicial buscaba elevar determinadas penas cuando las conductas
fueran ejecutadas mediante estructuras de delincuencia organizada. La finalidad
era que algunos hechos pudieran alcanzar la categoría penal de delito grave y,
cuando se cumplieran los demás requisitos legales, fueran investigados mediante
los procedimientos aplicables al crimen organizado.
La
Procuraduría General de la República explicó en una opinión jurídica de 2024
que la propuesta procuraba habilitar mecanismos de investigación más complejos,
como plazos procesales ampliados o intervenciones de comunicaciones autorizadas
judicialmente, en casos asociados con organizaciones criminales.
La
Procuraduría también advirtió que el aumento generalizado de un 50% en las
penas, contenido en una versión inicial, no permitía que todos los delitos
incluidos alcanzaran automáticamente el umbral requerido. Algunas conductas
tenían sanciones tan bajas que, incluso con el incremento, continuarían por
debajo de los cuatro años de prisión.
Esta
observación es importante porque la reforma no debe interpretarse como una
declaración automática de que todo delito ambiental, toda extracción no
autorizada de minerales o toda persona vinculada con esas actividades pertenece
al crimen organizado.
Para
aplicar esa legislación, las autoridades deberán analizar las circunstancias de
cada caso, la existencia de una estructura organizada, la permanencia del
grupo, la coordinación entre sus integrantes, la finalidad económica y los
demás elementos exigidos por el ordenamiento jurídico.
El
alcance jurídico no se limita a la minería ilegal
Aunque la
negociación política actual está relacionada con Crucitas, el expediente 23.952
tiene un alcance ambiental más amplio.
Su
exposición de motivos menciona la preocupación por redes involucradas en
actividades como tala ilegal, tráfico de especies silvestres, pesca ilícita y
otras conductas que pueden producir beneficios económicos para estructuras
organizadas.
El texto
dictaminado también incorporó disposiciones relacionadas con el Código de
Minería. Sin embargo, la Procuraduría señaló en noviembre de 2024 que los
delitos contenidos en los artículos 139, 140 y 141 de ese código ya
contemplaban penas máximas superiores a cuatro años.
Según ese
criterio técnico, esos delitos podrían tramitarse bajo las reglas de
delincuencia organizada cuando los hechos concretos cumplan las condiciones
legales, por lo que la reforma minera incluida en el artículo quinto del texto
consultado fue considerada innecesaria.
La
valoración de la Procuraduría no es vinculante para los diputados, pero
constituye un insumo jurídico que puede utilizarse para revisar la redacción y
evitar contradicciones, duplicidades o reformas que no produzcan el efecto
esperado.
La
versión que finalmente vote el Congreso será determinante para establecer
cuáles delitos serán modificados, cómo cambiarán sus penas y en qué supuestos
podrán utilizarse los procedimientos especiales de investigación.
Por esa
razón, describir el expediente únicamente como un proyecto que “convierte la
minería ilegal en crimen organizado” puede resultar impreciso. El objetivo
político anunciado es fortalecer la persecución de estructuras criminales, pero
su aplicación dependerá del texto aprobado y de la comprobación de los
elementos legales en cada investigación.
Frente
Amplio retira 66 mociones al proyecto minero de Crucitas
Después
de que el Ejecutivo convocara el expediente ambiental, el Frente Amplio anunció
el retiro de 66 mociones presentadas al expediente 24.717, relacionado con la
exploración y explotación de oro en Crucitas.
Las
mociones retiradas formaban parte del segundo día de enmiendas tramitadas
mediante el artículo 137. El partido ya había retirado anteriormente otras
siete, aunque conservaba centenares de propuestas sujetas a análisis y
negociación.
El
expediente 24.717 es una iniciativa diferente. Su objetivo es establecer un
régimen especial para permitir la exploración y explotación de oro en Cutris,
con participación y regulación estatal.
La
propuesta fue presentada durante la administración de Rodrigo Chaves y
posteriormente mantenida como prioridad por el Gobierno de Laura Fernández. Su
discusión ha enfrentado a sectores que consideran necesaria una extracción
regulada para recuperar el control del yacimiento y a grupos que advierten
sobre sus riesgos ambientales, institucionales y sociales.
El retiro
de las 66 mociones no implica que el Frente Amplio respalde el proyecto minero.
La bancada comunicó que mantiene sus diferencias, pero continuará participando
en las conversaciones destinadas a establecer una ruta legislativa para
Crucitas.
El jefe
de fracción frenteamplista, José María Villalta, defendió la convocatoria del
expediente 23.952 al considerar que permitiría investigar no solo a quienes
extraen oro directamente, sino también a posibles financiadores, compradores,
proveedores de sustancias y personas que obtienen beneficios dentro de una
estructura organizada.
Dos rutas
legislativas buscan responder a la crisis de Crucitas
La
negociación coloca sobre la mesa dos estrategias distintas, aunque
relacionadas.
La
primera es de carácter penal e investigativo. Busca ampliar o aclarar las
herramientas disponibles para perseguir redes vinculadas con delitos
ambientales y seguir la cadena económica de las actividades ilícitas.
La
segunda propone una solución productiva y regulatoria: permitir que la extracción
del oro sea realizada mediante concesiones, controles públicos, requisitos
ambientales y un régimen legal específico para la zona de Cutris.
Los
partidarios de una explotación regulada sostienen que el Estado necesita
recuperar el control del recurso y desplazar la actividad clandestina. Sus
opositores cuestionan que la apertura minera garantice por sí sola la
eliminación de las redes ilegales y señalan los riesgos de contaminación,
fiscalización insuficiente y afectación de ecosistemas.
La
existencia de ambos proyectos refleja que el debate no se limita a decidir si
debe aumentar la presencia policial. También comprende preguntas sobre la
protección ambiental, la persecución penal, la propiedad del recurso, los
ingresos públicos, la reparación de los daños y la participación de las
comunidades cercanas.
El
acuerdo político alcanzado hasta ahora no resuelve esas diferencias. Lo que
permite es continuar negociando sin que la discusión quede paralizada
únicamente por el número de mociones pendientes.
Por qué
el fortalecimiento penal importa para las autoridades
Los
operativos realizados durante los últimos años muestran que la extracción
ilegal de oro en Crucitas no consiste exclusivamente en acciones individuales y
aisladas.
En
octubre de 2024, el Ministerio Público informó sobre 27 personas detenidas en
una investigación relacionada con actividades mineras ilegales. La Fiscalía
indicó que los sospechosos utilizaban plantas eléctricas, herramientas y
equipos destinados a facilitar la extracción.
El
Ministerio de Seguridad también ha reportado decomisos de radios de
comunicación, combustibles, sedimentos, dinero, mangueras y máquinas utilizadas
para procesar material minero. En varios comunicados oficiales, la institución
ha relacionado esos equipos con posibles labores de vigilancia, abastecimiento
y extracción clandestina.
Estos
antecedentes no demuestran que todas las personas detenidas pertenezcan a
organizaciones criminales. La responsabilidad penal debe establecerse
individualmente y mediante el debido proceso.
Sin
embargo, explican por qué las autoridades y los impulsores de la reforma
insisten en investigar la cadena completa: financiamiento, transporte de
insumos, suministro de combustible, procesamiento, compra del oro, movimientos
de dinero y posible comercialización fuera de la zona.
La
eficacia de una reforma no dependerá únicamente del aumento de penas. También
requerirá recursos para la Fiscalía Ambiental, el Organismo de Investigación
Judicial, la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, el Ministerio de Ambiente
y las instituciones encargadas de controlar sustancias, maquinaria, movimientos
migratorios y operaciones financieras.
Qué
permanece pendiente en la negociación legislativa
El primer
punto pendiente es la votación del expediente 23.952. Aunque está convocado y
listo para continuar su trámite, todavía necesita superar los debates
legislativos correspondientes antes de convertirse en ley.
También
deberá confirmarse cuál versión será sometida a votación y si el Congreso
incorporará ajustes derivados de los criterios técnicos de la Procuraduría, las
consultas institucionales y las mociones tramitadas.
El
segundo punto es el futuro del expediente 24.717. El retiro de 66 mociones reduce
parcialmente la carga de enmiendas, pero no elimina las objeciones del Frente
Amplio ni las dudas de otros sectores sobre el modelo de explotación propuesto.
El tercer
aspecto será la publicación y revisión del decreto específico mediante el cual
el Ejecutivo amplió la convocatoria. Al cierre de esta edición, las
informaciones consultadas confirmaban la inclusión del expediente 23.952, pero
el número exacto del decreto debe verificarse en el repositorio oficial de
convocatorias de la Asamblea Legislativa o en su publicación gubernamental
correspondiente.
Los
lectores también deberán observar si las bancadas acuerdan plazos para votar la
reforma ambiental, si se retiran más mociones al proyecto minero y si el
Gobierno presenta cambios para responder a las objeciones ambientales,
jurídicas y económicas.
La
convocatoria y el retiro de mociones representan un avance en la negociación,
pero no constituyen una solución definitiva para Crucitas. El resultado
dependerá del contenido final de las leyes, de los controles que se establezcan
y de la capacidad institucional para aplicarlas.
Por Equipo Político | Supervisión: María Quesada | CRGlobalNews.com | San José | 20 de julio de 2026