El padre de un bebé de seis meses
en Nicoya denunció que el PANI archivó una alerta previa antes de que circulara
un video de aparente maltrato.
NICOYA, Costa Rica.— El
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) revisa su intervención en el caso de
un bebé de seis meses en Nicoya, Guanacaste, luego de que el padre del menor
denunciara que semanas antes había reportado una situación de riesgo que, según
su versión, fue archivada por la institución. La denuncia cobró relevancia
pública después de la circulación de un video de aparente maltrato contra el
menor, cuya difusión motivó la intervención institucional y del Ministerio
Público, según reportes de CRHoy.
Padre afirma que alertó al PANI
antes del video de aparente maltrato
Sammy Moya, padre del bebé, aseguró
que a inicios de mayo presentó una denuncia ante el PANI por un episodio en el
que, según su relato, la madre habría dejado al niño solo en una silla sobre la
acera frente a una vivienda.
De acuerdo con la versión
brindada por Moya a CRHoy, el hecho habría ocurrido alrededor del 4 de mayo,
cuando él no se encontraba en la casa. El padre sostuvo que la mujer le envió
videos y mensajes relacionados con el menor mientras él estaba lejos del lugar.
Moya afirmó que, tras ese
episodio, se contactó a la policía, pero que la madre habría regresado por el
bebé antes de que la situación escalara. El padre cuestionó que, pese a la
alerta, un funcionario del PANI archivara el caso bajo el argumento de que no
se detectó violencia de parte de la madre hacia el menor, siempre según su
testimonio.
La afirmación del padre no equivale a una conclusión oficial sobre la actuación institucional. Hasta ahora, el dato relevante es que el PANI recibió señalamientos sobre su intervención inicial y que la Presidencia Ejecutiva solicitó un informe interno para revisar las acciones aplicadas en el caso.
Qué respondió el PANI ante los
señalamientos del padre
CRHoy informó que consultó al
PANI sobre los señalamientos hechos por Moya. La institución indicó que la
Presidencia Ejecutiva pidió a la Gerencia Técnica un informe de intervención,
el cual deberá presentarse en los próximos días.
Ese informe busca verificar las
acciones psicosociales y legales realizadas para proteger a las personas
menores de edad de la familia, según la posición institucional citada por el
medio.
La revisión interna es relevante
porque el caso plantea una pregunta de interés público: cómo se valoran las
alertas previas sobre posibles riesgos para menores de edad y qué criterios
utiliza la institución para archivar, mantener abierto o escalar un expediente
de protección.
El PANI es la institución rectora
en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica. Su función incluye promover y
garantizar los derechos de las personas menores de edad mediante acciones de
protección integral, según información institucional disponible en registros
públicos del Estado.
Video divulgado en redes motivó
intervención institucional
El caso tomó notoriedad después
de que circulara en redes sociales un video que muestra un aparente episodio de
maltrato contra un bebé de seis meses en Nicoya.
Según reportó CRHoy el 14 de mayo
de 2026, el video generó indignación pública y motivó la intervención del PANI
y del Ministerio Público. El medio indicó que no publicó el material por la
sensibilidad de las imágenes y por protección de la integridad del menor.
En ese reporte, el PANI confirmó
que la mujer que aparece en la grabación corresponde a la madre del niño. La
información disponible señala que el bebé permanecía llorando mientras era trasladado
por la mujer, de acuerdo con la descripción del medio.
Por tratarse de un menor de edad
y de una investigación en desarrollo, el caso exige cautela editorial. Las
imágenes difundidas en redes pueden tener valor como alerta ciudadana, pero las
conclusiones sobre responsabilidades corresponden a las autoridades
competentes.
Guarda temporal del bebé fue
otorgada por 30 días
Moya aseguró que ya recibió una
resolución formal relacionada con el cuido temporal del bebé. Según su
declaración, el PANI le otorgó la guarda y crianza del menor por un plazo de 30
días mientras se desarrolla la investigación.
La medida, de acuerdo con lo
reportado, tendría carácter temporal y se mantendría mientras las autoridades
revisan el entorno familiar, los antecedentes del caso y las condiciones de
protección del niño.
En procesos de este tipo, las
medidas administrativas suelen buscar la protección inmediata del menor
mientras se determina una solución más estable. Sin embargo, hasta el momento
no se ha informado públicamente una resolución definitiva sobre la custodia
permanente, ni una conclusión oficial sobre eventuales responsabilidades
penales o administrativas.
El padre también dijo que el bebé
requiere cuidados especiales porque nació prematuro. Esa condición, según su
relato, hace que mantenga “extremo cuidado” con el menor.
Hermanas mayores habrían
declarado ante el Patronato
Según Moya, dos hijas mayores de
la madre, de 9 y 16 años, habrían brindado declaraciones ante el PANI sobre
presuntos episodios de violencia previos. El padre afirmó que esas
manifestaciones constan en un acta oficial del Patronato.
Ese punto permanece sujeto a
verificación documental. Hasta ahora, la información pública disponible
proviene de la versión del padre citada por el medio y de la respuesta
institucional del PANI sobre la revisión del caso.
El tratamiento de testimonios de
menores de edad requiere especial protección. Por esa razón, cualquier
referencia a sus declaraciones debe limitarse a lo estrictamente relevante y
evitar detalles que puedan exponer su identidad, vida privada o situación
familiar.
También debe considerarse que las
disputas familiares, de guarda o visitas pueden involucrar versiones
contrapuestas. La verificación institucional y judicial resulta clave para
distinguir entre denuncias, hechos confirmados y medidas cautelares.
Por qué el caso genera atención
pública en Costa Rica
El caso genera preocupación
porque involucra a un bebé de seis meses, una denuncia previa que habría sido
archivada y una revisión posterior de la intervención institucional.
La discusión pública no solo gira
en torno al video divulgado, sino también sobre la capacidad del sistema de
protección para responder a señales tempranas de riesgo. La ciudadanía suele
exigir respuestas rápidas en casos de posible violencia contra menores, pero
las instituciones deben actuar con base en protocolos, evidencia y valoración
técnica.
En Costa Rica, el PANI ha
enfrentado cuestionamientos recientes sobre la clasificación y atención de
denuncias. En marzo de 2026, CRHoy reportó críticas en la Asamblea Legislativa
por el manejo de cifras institucionales, específicamente sobre casos reportados
como “atendidos” aunque algunos siguieran en proceso.
Ese antecedente no determina lo
ocurrido en Nicoya, pero sí aporta contexto sobre la sensibilidad pública
alrededor de la respuesta institucional en materia de niñez.
Qué datos siguen pendientes de
confirmación
Hasta el momento, permanecen
pendientes varios elementos importantes.
No se ha informado públicamente
el contenido completo del expediente administrativo del PANI. Tampoco se conoce
el informe solicitado por la Presidencia Ejecutiva a la Gerencia Técnica, ni
las conclusiones sobre si la alerta inicial fue correctamente tramitada.
También queda pendiente conocer
si el Ministerio Público abrió una causa penal formal, qué diligencias se
ordenaron y si existen medidas judiciales adicionales relacionadas con la madre
del bebé.
Otro dato pendiente es el alcance
de la prohibición de acercamiento mencionada en reportes vinculados al caso. La
existencia, duración y condiciones de cualquier medida cautelar deben
confirmarse con fuentes oficiales o judiciales.
La falta de esos elementos obliga
a mantener un lenguaje prudente. El caso debe abordarse como una investigación
en desarrollo, con medidas temporales de protección y señalamientos que aún
requieren revisión institucional.
La revisión institucional será
clave para aclarar el caso
La revisión solicitada por el
PANI será determinante para conocer si la alerta previa fue atendida conforme a
los protocolos y si existieron oportunidades de intervención antes de la
difusión del video.
Para los lectores, los puntos
centrales a observar en los próximos días serán la publicación del informe
técnico, la confirmación de medidas de protección, el avance de cualquier
investigación penal y la situación temporal del bebé.
El caso también abre una
discusión más amplia sobre la respuesta del Estado ante alertas tempranas de
posible violencia contra menores de edad. Esa discusión debe darse con rigor,
sin revictimizar al niño ni adelantar conclusiones sobre responsabilidades que
corresponden a las autoridades.
Por Equipo de Sucesos | Supervisión: María Quesada | CRGlobalNews.com | Nicoya | 18 de mayo de 2026